Las dueñas del local del hostal ilegal de Parque Roma de Zaragoza: “No vamos a parar hasta conseguir su clausura”
Las propietarias confían en convencer a las personas que siguen viviendo en su antigua academia de idiomas de que se vayan voluntariamente y para ello les dejan octavillas e incluso un listado con ofertas de alojamiento.
Las dueñas del local de Parque Roma en el que desde hace unos meses se ha establecido un alojamiento improvisado en contra de su voluntad siguen clamando por una pronta resolución a un problema que entienden que “se está alargando demasiado”. Feli Segura y Carmina Bayona lo tienen claro: “No vamos a parar hasta conseguir su clausura y precinto”. Aunque la vía judicial en busca de un desalojo está activada tanto por parte de su abogada como por la del Ayuntamiento de Zaragoza, no descartan que se pueda hacer efectiva la orden de cierre dictada el 12 de marzo por la gerencia de Urbanismo y que no ha podido llevarse a cabo después de que varios de los moradores alegasen que el inmueble se ha convertido en su residencia habitual.
Para ello, buscan convencer a las personas que aún viven allí -al menos tres- de que hagan las maletas. Este domingo, retomando una acción que ya habían hecho antes, Segura dejó en el local unas octavillas en las que se advierte que “este no es un sitio seguro para vivir”. En ellas, se apunta que el espacio “no tiene licencia de Urbanismo” y que “no tiene seguro”. Además se comunica que el suministro de electricidad se realiza con un “enganche ilegal de luz”. También se recomienda solicitar “un contrato firmado” y se alerta de que existe “peligro de incendio”.
Junto a las octavillas, la propietaria adjuntó un listado con ofertas de alquiler de habitaciones obtenidas en los principales portales inmobiliarios de internet. “Quiero que vean que existen alternativas mucho mejores”, comenta. Por ello, igualmente, tiene pensado acudir a asociaciones que puedan ofrecer a quienes viven ahí otro tipo de alternativas.
El problema se remonta a noviembre del año pasado. Fue entonces cuando las propietarias del local -en el que entre 1992 y 2019 regentaron una academia de idiomas- lo alquilaron con el fin, según se recoge en el contrato, de que fuese empleado como almacén y oficina. Sin embargo, poco tiempo después descubrieron a través de testimonios de los vecinos y de anuncios que encontraron en páginas web que el arrendatario, según afirman, había transformado las nueves aulas que existían en habitaciones y que las estaba ofreciendo por unos 350 euros al mes. Los cuartos no tienen ventanas -salvo un caso-, tampoco baño y cocina propios. Los servicios son los que ya existían, dos espacios destinados a hombres y mujeres con un retrete y un lavabo en cada uno, y en la antigua zona de recepción se han habilitado dos duchas.
En el contrato se acordó una mensualidad de 450 euros y una carencia de pago de la renta que expiró el 29 de febrero. También se estableció que el inquilino debía responsabilizarse del pago de conceptos como la electricidad. Sin embargo, a las dueñas les llegó en febrero una factura de la luz por valor de 6.000 euros. El servicio ya fue cortada y como alternativa se ha hecho un enganche.
La orden de clausura dada por Urbanismo se acoge a que en el local se desarrolla un “uso no permitido”, a que la actividad no tiene “un título habilitante” y al “evidente riesgo que existe tanto para las personas que allí se alojan como para los vecinos del inmueble” por la existencia de “una cocina sin ningún tipo de ventilación”.
El lugar ha sido visitado en varias ocasiones por agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, ante la que las propietarias interpusieron en enero una denuncia. En este tiempo también se han dirigido al Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza y enviaron al arrendatario un burofax comunicando la resolución del contrato por el incumplimiento de varias cláusulas. En el se le instó a que el 1 de febrero el local quedase vacío. Pero no ha sido así.
De hecho, él afirmó el pasado miércoles a HERALDO que “vamos a seguir”. Alega que lo que arrienda no son habitaciones, sino “espacios libres” y que los contratos con sus inquilinos son de oficina. “Que decida un juez lo que tenga que pasar”, expuso. En su versión de los hechos, completamente negada por las propietarias, expone que “ellas eran las que querían hacer una vivienda en el local, pero luego se echaron atrás”.
