La tuneladora para el trasvase de agua al embalse de Mularroya llega al Jalón
La excavación, iniciada en 2020 con una previsión de ejecución de 26 meses, se ha demorado por problemas con la impermeabilidad y la maquinaria.
La tuneladora utilizada para abrir la galería de más de 13 kilómetros que servirá para trasvasar agua desde el río Jalón a la ribera del Grío y contribuir así al llenado del embalse de Mularroya ha llegado este viernes, al filo del mediodía, a Embid de la Ribera, pedanía perteneciente a Calatayud. Lo hace después de algo más de tres años desde que la tuneladora iniciase la excavación en diciembre del año 2020, cuando se contemplaba un plazo de ejecución de 26 meses, que se ha ido demorando hasta los más de tres años por diversos problemas con la impermeabilidad del corredor por el pinchado de acuíferos y con la estabilidad de la maquinaria.
Así, la rueda de corte es perfectamente visible en la parte baja de una ladera rocosa ubicada en la margen derecha del Jalón, que previamente se había acondicionado, junto a la central hidroeléctrica de Embid. Esa gran 'broca', de 130 metros de longitud, 310 toneladas y que contaba con cerca de 1.000 sensores, se realizó de manera especifica para esta obra, ejecutada por la UTE Acciona-Sacyr. El canal, con un diámetro interior de 2,9 metros, será capaz de derivar hasta 8 metros cúbicos por segundo.
En septiembre de 2023, se realizaron los trabajos para acondicionar una explanada en la margen izquierda y un puente para facilitar el acopio de materiales y el trabajo de la maquinaria. Todo ello después de que, en julio de ese año, como avanzó HERALDO, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobase modificar el trazado del túnel y la forma de derivar las aguas al Grío. En concreto, se daba constancia de que el canal subterráneo se alargaba 700 metros para aprovechar parte de la infraestructura de la central, suprimiéndose la presa proyectada en el Jalón y aprovechando el azud de Campiel.
Esta medida se justificaba entonces por la Confederación Hidrográfica del Ebro porque suponía una reducción del 70 % de afección dentro de los espacios protegidos de las Hoces del Jalón. De estos cambios, según la CHE, solo queda rematar la unión entre la embocadura y la cámara de carga. Se trata de una intervención de menor calado dentro del volumen total de la obra, donde también está finalizada la presa y las variantes de las carreteras N-II y A-2302.
A eso se une que ya comenzaron los trámites para desviar 14 kilómetros del oleoducto Rota-Zaragoza y que supondrán un montante de 4 millones de euros. La previsión de la CHE es que la puesta en carga de Mularroya empiece en 2025.
Modificaciones y cambios
Estos no son los únicos obstáculos que ha encontrado la horadación de la galería, ya que en verano de 2021 fue necesario una ampliación de la capacidad de la depuradora, ante el flujo de agua que encontraba la excavación y que derivó en vertidos al Grío. A finales de ese mismo año, el Ministerio tuvo que realizar una inversión de emergencia por valor de 7 millones de euros para "rescatar" la máquina porque había quedado "atrapada al interceptar la falla de Datos".
En diciembre de 2022, la cartera de Teresa Ribera formalizó un contrato de obras para realizar "tratamientos adicionales" en el túnel de trasvase para mejorar la impermeabilización "y evitar los flujos hacia y desde el freático". Esto supuso un montante adicional de otros 8 millones de euros. A eso se une la preocupación que expresaron agricultores de El Frasno y Paracuellos, por la desecación de sus acuíferos en el trazado del túnel.
El embalse de Mularroya tiene una capacidad de 103 hectómetros cúbicos con los que se pretende consolidar e incrementar, según la CHE, en 5.000 hectáreas la superficie regable del Jalón. El proceso de construcción y la valoración de su impacto ambiental siguen en la vía judicial, después de que el Supremo en noviembre de 2022 diera la razón a los regantes y devolviera el asunto a la Audiencia Nacional, que declaró la nulidad de las obras en 2021.
El proyecto inicial se inició hace 30 años y las obras arrancaron en 2008. Se pararon al declararse nulas las autorizaciones administrativas cinco años después por el Supremo, que respaldó una sentencia de 2009 de la Audiencia Nacional que echaba para atrás el estudio de impacto ambiental, el anteproyecto y el proyecto definitivo.
En 2016 volvió la actividad después de que en 2014 el Consejo de Ministros valoró su interés público, favoreciendo la presentación de una nueva declaración de impacto ambiental, con actuaciones complementarias lo que ha servido para llevar la actividad hasta día de hoy.
