El Ayuntamiento de Zaragoza destinó 4,8 millones de euros en los 234 contratos menores que adjudicó en 2022. De los 292 que se llegaron a tramitar, 1 fue rechazado, 4 resultaron desiertos, 1 fue anulado después, otro tuvo que serlo más tarde, en uno renunció el gestor, 24 fueron iniciados pero no adjudicado y 26 eran "registros de contratos menores grabados por distintos servicios y que no contienen documentos". 

Lo recoge un informe de la Intervención General Municipal sobre los contratos menores de 2022, en cuyas recomendaciones se insta al Gobierno a valorar, cuando hay contratos que se repiten anualmente, si se pueden tramitar como procedimiento de contratación con una duración superior a la anual "al objeto de conseguir una única tramitación, mejores precios de mercado y una concurrencia más amplia, lo que redundaría en una gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos". "Una planificación más racional de las necesidades permitiría sustituir el uso del contrato menor por contrataciones únicas siguiendo los trámites ordinarios de preparación y adjudicación de contratos de la legislación contractual. Debería estudiarse la utilización del procedimiento abierto simplificado", dice el informe. 

El importe destinado a contratos menores no ha dejado de crecer desde 2015. De los 2,2 millones que se alcanzaron en las adjudicaciones aquel año se pasó en 2023 a 4,8 millones, aunque la cifra de contratos, 234, fue menor los 256 contratos de 2021 por 4,1 millones de euros. Consideran desde la Intervención General que el aumento del uso del procedimiento de contratación menor "no es un indicador positivo" y debe limitarse a los supuestos para los que está previsto. Los proveedores con más de un contrato adjudicado y con una cuantía adjudicada que supera el contrato menor ascienden, según control financiero, a 32.

El informe recoge fraccionamientos que las áreas gestoras deben justificar. Figuran, entre ellos, siete relacionados con el proyecto Bosque de los Zaragozanos, donde "el objeto es similar, se trata de obras de adecuación de parcelas para la plantación, renaturalización y riesgo y acondicionamiento". También hay siete que se refieren al alquiler, montaje y desmontaje de carpas para barrios rurales. 

La concejala socialista Marta Aparicio ha recordado que, aunque los contratos menores están recogidos en la legislación, "el problema está cuando se abusa en la gestión y se hacen con igual objeto y el mismo adjudicatario". Ha hecho hincapié en los "trece posibles casos de fraccionamiento" por los que el interventor, en su informe, pide al órgano gestor explicaciones, en especial por el que se refiere a la instalación de carpas en los barrios rurales que, según ha recordado, suscitó en 2018 críticas del PP a Elena Giner (ZEC). 

"Lo que le ocurre al PP es que cree que hay normas exigibles y luego están ellos. Siguen instaurados en una alta torre donde piensan que la transparencia no les llega", ha reprochado.