"No hay mecanismos legales para reclamar un mejor pago en la justicia gratuita y es injusto"
El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, destaca que la Justicia y el Estado de Derecho no pueden existir sin derecho a la defensa.
El documento más fiable que atestigua la creación de la cofradía de San Ivo, origen del Colegio de Abogados de Zaragoza, data de 1399. El pleito más antiguo en España se dirimió en Aragón. Y el de Zaragoza es el único colegio de abogados que ostenta el título de Real, concedido por Carlos III. Semejante bagaje histórico da cuenta de la importancia que en Aragón ha tenido el derecho, tanto, que ha sido su mayor aportación a la sociedad española.
Antonio Morán Durán, decano del Colegio, lo puso ayer de relieve durante la presentación de los actos para conmemorar el 625 aniversario del colegio, cuyo comité de honor está presidido por el rey Felipe VI. 2024 será un año plagado de actividades que dan comienzo hoy con la primera de las conferencias organizadas y que será impartida por el catedrático emérito de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, Guillermo Fatás. Precisamente él será quien hable de "El pleito más antiguo documentado en Hispania: un litigio sobre aguas del Ebro".
El decano del Colegio de Abogados explicó que la efemérides no solo es un motivo para abrirse una vez más a la sociedad, sino para recordar que la Justicia y el estado de Derecho no pueden existir sin derecho a la defensa. "Y la defensa la ejercen los abogados", subrayó.
Antonio Morán destacó que el papel de la abogacía en la sociedad actual sigue siendo una "necesidad". "Sin un sólido armazón jurídico se crean tensiones y grandes discrepancias en la sociedad, como se refleja en los medios en los últimos meses", añadió.
Sobre el momento actual de politización de la Justicia y judicialización de la política expresó, a título personal, que la "estabilidad y la fiabilidad son imprescindibles para conformar una sociedad y el ámbito económico".
"Si no hay un sistema jurídico estable, fiable, eficiente y rápido-añadió- se crea inseguridad en el ámbito económico, que es el que nos propicia a todos una situación de satisfacción en la vida: empleo, riqueza y servicios eficientes a disposición de la sociedad".
Antonio Morán manifestó que la politización de la Justicia existe pero, desde su punto de vista, "afecta poco a la vida cotidiana de los ciudadanos, por ahora". El decano auguró que si los procesos se demoran indefinidamente y si quien tiene que designar a los magistrados en órganos judiciales no lo puede hacer (refiriéndose a paralización de jueces del Supremo por parte de un Consejo General del Poder Judicial en funciones) al final se resentirá la ratio de número de jueces por ciudadano, que en España ya es de las "menores que existen en Europa", como recordó.
Pero, aún así, opinó que la vida del ciudadano ante la Justicia "hoy por hoy no puede decirse que sea catastrófica, ni muchísimo menos", gracias al "esfuerzo de jueces, abogados y al aparato de Justicia de cercanía". "Pero si no se arregla la organización general de la Justicia, y ahí es donde entra la politización, tarde o temprano se va a ver afectada la vida del ciudadano. Esa repercusión tardará año pero, al final, pasará factura", alertó.
El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza también se pronunció sobre el conflicto que mantienen abierto un sector de letrados del Turno de Oficio y Justicia Gratuita. Explicó que la abogacía es la única profesión que tiene la "obligación legal" de prestar de un servicio sin que se garantice que lo vaya a cobrar.
"Está en la Constitución y la ley de 1996. Puedo protestar, pero no tengo un mecanismo jurídico para exigir otra cosa. Es una sensación de profunda injusticia y se le ha trasladado a la administración autónoma y a la estatal, pero no ahora, sino hace diez y veinte años, que hace falta una compensación razonable. Me sorprende que surja ahora cierta desconfianza en lo que hacen los colegios o el Consejo General de la Abogacía", manifestó.
A su juicio, las administraciones consideran que lo que hace la abogacía en materia de Justicia Gratuita es por profesionalidad y por ética profesional. "Sí, por eso también, pero hay que pagar el despacho, la luz, los ordenadores… y para eso hace falta una compensación razonable". Insistió en que las administraciones no se quieren dar cuenta de que a raíz de que lo recoge la Constitución y la ley de Justicia Gratuita de 1996 no es un "acto generoso" sino un derecho subjetivo y exigible por parte de los ciudadanos. Y, si es así, "todos los que están implicados tendrán que tener una congruente compensación".
Antonio Morán asume que en este estado de cosas no tienen ningún mecanismo para hacer reaccionar a las administraciones y modifiquen la ley, salvo la voluntad política. "Cuando encuentras un interlocutor que entiende este discurso me dice que sí, pero que en Hacienda que no hay dinero. Y como si se queja el abogado no se genera alarma social, al político le da igual. La Justicia no interesa a ningún gobierno, no da votos", reflexionó.
