La oposición exige al PP que devuelva los 211.241 € de gastos que le reclama el interventor del Ayuntamiento de Zaragoza

El gobierno insiste en que hubo un acuerdo en 2019 que avala su forma de utilizar los fondos del grupo municipal.

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza que se ha celebrado este jueves para hablar sobre la nueva Romareda.
La junta de portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza que se ha celebrado este jueves para hablar sobre la nueva Romareda.
Guillermo Mestre

La junta de portavoces concluyó este martes con una profunda división entre los grupos políticos. El reciente informe del interventor del Ayuntamiento de Zaragoza, que exige que el PP devuelva 211.241 euros y Vox, otros 23.319, avivó la controversia sobre el uso de los fondos de los grupos municipales. 

Mientras solo los populares rechazaron la interpretación del máximo responsable de la fiscalización económica municipal (Vox ya ha anunciado que acata la decisión), el resto de los partidos le pidieron que reintegre el dinero.

La polémica obedece a un informe del interventor de hace unos días que sostiene que el PP percibió 705.543 euros para gastos de personal del grupo municipal en el periodo 2019-2023, pero que de esa cantidad gastó 494.302, por lo que debería devolver la diferencia. Por otro lado, el PP recibió 312.016 euros para el funcionamiento ordinario, pero los gastos ascendieron a 626.285 (un déficit de 314.268 euros).

En Vox ocurrió algo parecido. Recibió 179.517 euros para personal, pero gastó 139.683, por lo que tenía que devolver 39.834.Como este grupo ya hizo un reintegro de 16.515 euros, la cifra a devolver asciende a 23.319 euros. Respecto al funcionamiento ordinario, los gastos de Vox fueron de 150.290 euros frente a los 135.125 euros (el déficit era de 15.165).

Tal y como explicó el portavoz de Vox, Julio Calvo, la semana pasada, el problema obedecía a que se destinaron fondos de personal a gasto ordinario. Según el PP, todo responde a un acuerdo rubricado por los portavoces en 2019, por el que percibían ese dinero a cambio de ceder puestos de asesores a los minoritarios. Indicaron que percibir ese dinero no significaba que se tuviera que destinar a gastos de personal, dado que eso hubiera supuesto vulnerar los límites de asesores previstos.

Propuesta de acuerdo

En este contexto, en la junta de portavoces de ayer el PP ofreció un acuerdo a PSOE, ZEC y Vox para que avalaran esta interpretación, que es la que va a sostener la alegación al informe, que es provisional. Pero los tres grupos se negaron. De hecho, Vox ya ha dicho que va a devolver el dinero tal y como ha reclamado el interventor.

"No vamos a objetar. Aquel acuerdo se adoptó con buena intención, pero la consecuencia fue que hubo gastos de personal que fueron al funcionamiento del grupo", declaró. Julio Calvo indicó que su grupo va a devolver el dinero y que lo "normal" es que el PP hiciera lo mismo.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, pidió a PP y Vox que devuelvan el dinero "que se usó de manera inadecuada". "El acuerdo que se firmó lo que dice es que el incremento de las consignaciones de PP y Vox son consecuencia de la distribución del personal adscrito, por lo tanto, se puede entender, como así hace el interventor, que es una dotación en compensación y con destino a la misma finalidad", dijo.

Elena Tomás, de ZEC, pidió que los grupos que han hecho "un mal uso del dinero público, como es el caso del PP, regularicen su situación". "No podemos dar más pasos atrás en el control del dinero público y de la transparencia. Todos los grupos hemos de ser ejemplares y el propio gobierno, que no lo ha sido, es el primero que debe poner blanco sobre negro y devolver la cuantía que señala el informe del interventor", dijo.

Para el portavoz del PP, Ángel Lorén, la actitud de los grupos de la oposición de negarse "a ratificar" el acuerdo de 2019 es "chocante". "Fue un acuerdo por unanimidad que se hizo para favorecer a los minoritarios", dijo el concejal.

El edil afirmó que "cabe otra interpretación" respecto a la posición del interventor y recordó que el informe "en ningún momento habla de mala fe o de un uso incorrecto del dinero". Por ese motivo, dijo que su grupo va a presentar alegaciones. Declaró que las conclusiones del trabajo de fiscalización son provisionales y que puede que alguno "se coma sus declaraciones".

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