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La apertura del hotel de lujo de Used acaba ante el juez por una denuncia por ruidos

Dos vecinos dicen que sufren "graves trastornos" por el equipo de geotermia, que ahora los gerentes van a modificar.

El hotel es una casa señorial, de unos 1.400 metros cuadrados, de principios del XVII.
El hotel es una casa señorial, de unos 1.400 metros cuadrados, de principios del XVII.
MACIPE

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Daroca ha acordado la apertura de juicio oral a los gestores del hotel de lujo que abrió sus puertas en Used hace algo más de un año, el 14 de junio de 2022 y que tuvo que ser clausurado a las pocas semanas, a finales de julio. Lo hace por un presunto «delito contra los recursos naturales y el medio ambiente» y dos, también presuntos, de lesiones. El proceso tiene su origen en las denuncias de la familia que reside colindante al complejo turístico, motivadas por el proceso de instalación del sistema de geotermia que lo climatiza y por los ruidos que se generan durante su funcionamiento.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal apunta que los promotores del alojamiento instalaron, a finales de septiembre de 2020, una bomba de calor de geotermia «cuya deficiente insonorización y aislamiento acústico generaba un elevado ruido constante, que afectaba gravemente a sus vecinos que debido al exceso de ruido no podían dormir ni descansar adecuadamente, sufriendo graves trastornos». Indica también que los ahora acusados «hicieron caso omiso a los requerimientos» de sus vecinos en los que advertían que los niveles de ruido eran superiores a los permitidos.

Tras estos avisos, continúa el fiscal, los que se consideran perjudicados lo denunciaron ante la Guardia Civil en octubre de 2020 y comunicaron la situación al Ayuntamiento. A la vez encargaron dos mediciones en las que se acreditaba el quebranto de los límites «en dormitorios y cocina». Los afectados interpusieron otra denuncia ante la Benemérita en abril de 2021, en cuyas diligencias se acreditó que se excedían los decibelios. También lo atestiguó una medición de un técnico designado en enero de 2022 por el Consistorio, que un año antes se inhibió de la disputa al considerar que no contaba con el personal necesario.

Según explica la Fiscalía, tras denegarse por parte de la autoridad municipal la «licencia de inicio de apertura» y requerir el Ayuntamiento la subsanación «del problema de ruido y presentar el informe favorable» poco antes de su inauguración oficial, en mayo de 2022, a mitad de julio se hizo una nueva medición en la que se volvía a reflejar el incumplimiento de los niveles diurnos y nocturnos. El sistema siguió conectado, indica, hasta el decreto de cierre que dictó el alcalde de la localidad del Campo de Daroca a finales de julio de 2022.

«Legítimo derecho al descanso»

En este contexto, el Ministerio Público comparte que por «la intensidad y duración de esta situación de ruido, vibraciones y molestias», el matrimonio colindante al hotel se ha visto «afectado gravemente» al verse privado de «su legítimo derecho al descanso nocturno y del normal uso, utilización y disfrute de su vivienda», lo que generó «un cuadro clínico de ansiedad e insomnio» y derivó en un «trastorno neurótico».

Por todo ello, el fiscal pide para cada uno de los dos gestores 21 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de oficio y multa de 12 meses con cuota diaria de ocho euros por el primero de los presuntos delitos y de tres años de prisión por los presuntos delitos de lesiones.

Mientras, la acusación particular solicita, para cada uno de los gestores, cuatro años de prisión, multa de 16 meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación para el ejercicio de profesión por tres años, en el primero, y dos años de prisión en el segundo.

Desde la gerencia del complejo, Joaquín Herrero, define la situación como «extraña», ya que está llevando a cabo «un proyecto para subsanar los ruidos, y al solicitar licencia los denunciantes la han recurrido». También alega que las afecciones se dan «en un garaje y un trastero» y que la vivienda colindante «no es habitable, porque carece de permiso».

A lo largo de los ocho años que duró la rehabilitación del edificio, una casa señorial del XVII propiedad de la familia de Herrero, se han invertido 2,4 millones de euros, con financiación del Ministerio de Hacienda a través de fondos Feder y de la DGA. El complejo cuenta con 14 habitaciones, restaurante, salas polivalentes y espá.

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