Más de un 80% de los aragoneses harían cambios en la ley electoral y la financiación de los partidos
Hasta un 82,8% admiten no saber cuántos diputados elige Aragón el 23-J y un 72% critican su papel en el Congreso.
Aragón y Madrid están separadas por apenas 325 kilómetros, pero la política nacional parece quedar un poco lejos para los 1,3 millones de habitantes de la Comunidad. Hasta un 82,8%, según los resultados de la encuesta de A+M para HERALDO, aseguran abiertamente no saber cuántos diputados aporta el territorio al Congreso, que pone en juego 350 escaños.
La Cámara Baja tiene 13 representantes ‘de la tierra’. Siete los eligen los votantes de la provincia de Zaragoza, tres los de Huesca y otros tres, los de Teruel. No obstante, y a pesar de la cercanía del 23-J, apenas un 7,3% acierta al ser preguntado por este asunto, mientras que otro 9,9% falla. En el caso del Senado, el reparto es igual en las tres provincias, con cuatro representantes salidos de las urnas por cada una.
Las respuestas
En las últimas legislaturas, el Congreso ha sido escenario de intensos debates sobre el trasvase del Ebro, el drama de la despoblación o las infraestructuras que necesita la región, pero a la hora de valorar el papel de los diputados aragoneses, los encuestados son especialmente críticos. Hasta un 72,6% creen que no representan los intereses de la Comunidad, mientras que un 19,3% dicen no saberlo. El resultado de esta pregunta es especialmente significativo, ya que apenas un 8,1% defienden el papel de los representantes autonómicos.
Sí parece importante, a tenor de las respuestas, que los candidatos tengan una formación suficiente para acceder al cargo. Esta es una de las preguntas que suscita mayor unanimidad. Prácticamente nueve de cada diez creen que estar bien formado es imprescindible para ocupar un asiento en el Congreso, no llegando al 10% (7,4%) los que opinan lo contrario.
Pese al aparente desconocimiento del número de diputados por Aragón y a cuestionar su papel, pocos querrían tener una mayor participación en el día a día. Hasta un 45,7% de los consultados prefieren dejar todo como está y votar cada cuatro años, mientras que cuatro de cada diez preferirían poder pronunciarse sobre temas fundamentales cuando fuese necesario. Tampoco hay excesivo interés en modificar el funcionamiento del Congreso. El grueso (40,8%) optarían por mantenerlo, mientras que un 33,6% apuestan por hacer "ligeras modificaciones". Sí hay un 11,3% que haría mejoras "en profundidad", aunque también superan la barrera del 10% los que no sabrían qué hacer.
Preguntados por posibles cambios en la ley electoral, la conocida como ley D’Hont, la mayoría se posicionan en el ‘sí’. En concreto, un 42,5% impulsarían al menos "ligeras modificaciones", mientras que otro 25% preferirían que fueran de mayor calado. Este sistema, utilizado para repartir escaños, fija un umbral del 3% que, en el caso de las elecciones municipales, se amplía hasta el 5%.
El método lleva años suscitando debate. Especialmente por las críticas a la ‘sobrerrepresentación’ de formaciones como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) o EH Bildu. Tanto es así que solo un 19,5% dejarían la actual ley electoral como está.
Dudas sobre las asignaciones
Otro tema que parece suscitar un amplio acuerdo es el relativo a la ley financiación de los partidos políticos. La normativa establece una consignación a cada grupo en función del número de escaños obtenidos y de la cantidad de votos. De esta forma, la asignación total del PSOE en 2022, último año del que se tienen datos, fue de 17 millones de euros, mientras que el PP recibió 12, Vox 8,3 y Unidas Podemos, otros 6,7, según las estadísticas oficiales. Las polémicas vividas a nivel nacional en los últimos mandatos parecen seguir presentes en la sociedad, ya que hasta un 61,9% de los encuestados dicen que cambiarían la ley, siendo un 20,7% los que se pronuncian en sentido opuesto.
