No pisará finalmente la cárcel, pero la caída que casi cuesta la vida al operario de una empresa de trabajos verticales le supondrá diez meses de inhabilitación al dueño y 285.000 euros de indemnización a la compañía de seguros Zurich. El acusado, Ignacio R. C., había negado siempre cualquier responsabilidad en este grave accidente, ocurrido el 12 de agosto de 2020 en el patio interior del número 17 de la calle de Alonso V de Zaragoza. Sin embargo, este lunes se reconoció autor de un delito contra los trabajadores para sellar un acuerdo que le evitará acabar en el centro penitenciario de Zuera. Porque la Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de un año y once meses de cárcel y la acusación particular, a cargo del letrado José Cabrejas, tres años de internamiento.

Cuando se produjo el grave siniestro, el trabajador estaba colgado de la pared desmontando los tubos de una salida de humos para poder pintar después. En la fachada interior del edificio se habían colocado tres cuerdas: la izquierda o de seguridad, a la que se amarraba el arnés del operario; la central o de trabajo, en la que estaba el operario suspendido de un asiento; y una tercera que se usaba para colgar el cubo de pintura y otras herramientas.

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El accidente se produjo al mediodía, cuando el empleado activó el mecanismo de descenso y se dio cuenta de que la cuerda central solo llegaba hasta el cuarto piso. No tuvo posibilidad alguna de reacción y acabó precipitándose al vacío desde una altura aproximada de 14 metros. El hombre consiguió salvar la vida, pero sufrió una decena de fracturas en piernas, brazos, cara y costillas, lesiones de las que tardó en recuperarse 619 días y que le han dejado importantes secuelas físicas y psíquicas. De hecho, sigue en tratamiento psiquiátrico y está a la espera de una operación dental.

De la entidad del percance da cuenta el hecho de que el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acabara reconociendo el 21 de marzo de 2022 la incapacidad total del operario para seguir trabajando en el sector de la construcción. La víctima acudió ayer al juicio en la silla de ruedas que ahora emplea para desplazarse, pero el acuerdo de conformidad le evitó tener que declarar ante el titular del Juzgado de lo Penal número 6 para rememorar lo sucedido aquella aciaga mañana.

Las acusaciones pública y particular atribuían al dueño y gerente de la empresa un delito contra los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave por el hecho de ausentarse de la obra e incumplir su labor de vigilancia. Sin embargo, la defensa, a cargo del letrado Francisco Javier Acín Vinyeta, logró que se condenara finalmente a su cliente únicamente por el primer ilícito.