urbanismo
La DGA llevará a los tribunales el plan de Embarcadero y el Ayuntamiento habla de un "ataque sin precedentes"
Exige aprobar el plan especial como se acordó en la bilateral celebrada en noviembre de 2021. PP-Cs recuerda que se estaba negociando una permuta para mantener el parquin en Casablanca.
La DGA avisó y va a cumplir. La polémica de la calle del Embarcadero acabará en los tribunales. El Gobierno de Aragón acudirá a la Justicia para exigir al Ayuntamiento de Zaragoza que desbloquee esos suelos del barrio de Casablanca, que son de propiedad autonómica y donde el Ejecutivo de Javier Lambán tiene capacidad para levantar 111 viviendas libres. La coalición PP-Cs consideró esta decisión como "un ataque sin precedentes", principalmente porque era uno de los temas que se estaban negociando en las reuniones técnicas previas a la comisión bilateral que debía celebrarse próximamente.
Hace meses que ambas instituciones mantienen un continuo tira y afloja que cada vez va a más conforme se acerca la cita con las urnas. Y este viernes, cuando el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, anunció la intención de presentar un contencioso administrativo para reclamar la aprobación del plan especial, esa tensión terminó por estallar. Aseguró que su voluntad es "firme", igual que lo es la de "pedir solemnemente" al alcalde de la ciudad y candidato autonómico del PP, Jorge Azcón, "que recupere la senda del consenso y la lealtad institucional por el bien de los zaragozanos".
La respuesta no tardó en llegar. Y también de lealtad habló el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que recordó que, ante las reivindicaciones de los vecinos del distrito, se estaba negociando una permuta con la que poder sustituir esos suelos por otros de propiedad municipal y que se estaban barajando los de Alumalsa. Pero, tras esto, el edil dio por "rotas" las negociaciones. Los residentes en la zona se oponen a la construcción de pisos porque quieren seguir usando el solar que ahora está libre como aparcamiento ante el déficit de plazas de la zona.
En noviembre de 2021
En la última reunión bilateral, que se produjo el 29 de noviembre de 2021, los dirigentes de las dos administraciones cerraron un acuerdo relativo a este solar, y la DGA culpa ahora al Ayuntamiento de no estar cumpliendo su parte. Entonces, se aprobó valorar esos suelos antes de diciembre de 2021 para facilitar la negociación de una permuta que cumpliera con la petición de los vecinos y, posteriormente, dar luz verde al plan especial en febrero de 2022.
Pero fue en este proceso cuando la situación volvió a atascarse por discrepancias en torno al valor de los suelos. No obstante, tras unos meses de parón las conversaciones se retomaron y el pasado diciembre la institución autonómica dio un mes al Consistorio para desbloquear la operación. Un plazo que ya ha expirado.
Por ello, Pérez Anadón instó este viernes a no perder más tiempo, ya que recordó que el objetivo de la DGA es construir en el nuevo solar alrededor de 500 viviendas de alquiler para jóvenes. Y para lograrlo, tal y como dijo después el presidente de Aragón, Javier Lambán, se valdrá de "todas las vías". "Plantearemos la entrada de los tribunales en los conflictos siempre que creamos que tenemos razón", aclaró el líder socialista.
Sin embargo, todo esto no sentó nada bien en la plaza del Pilar. Según recordó Víctor Serrano, el "incumplimiento" del acuerdo de la bilateral tiene un motivo, la negociación de la permuta, que además es "conocido y amparado" por la DGA, una cuestión que, dijo, la "invalida" para reclamar al Ayuntamiento. Por eso habló el edil de "un ataque institucional gravísimo y sin precedentes" y culpó al Ejecutivo autonómico de haber roto "unilateralmente" las negociaciones previas al consejo que los técnicos estaban preparando para los próximos días.
Contra la Ley de Capitalidad
En marzo de 2021, Azcón inició los trámites para presentar tres recursos contra la DGA, insistiendo en que se trataba de una cuestión jurídica. Concretamente, por los 18 millones de euros de fondos para los convenios, el déficit para financiar las competencias de los servicios sociales y la falta de financiación de la ayuda a domicilio. Sin embargo, en ese momento no estaba prevista la celebración de una bilateral ni se estaba negociando sobre esas cuestiones. Es por eso que Serrano opinó que, en este caso, la decisión del Gobierno de Aragón "atenta contra la Ley de Capitalidad".
Aún así, sobre la próxima reunión aseguró que el Ayuntamiento seguirá tratando de llegar a acuerdos. "Vamos a cumplir con nuestra obligación, no sé si el Gobierno de Aragón querrá hacerlo extensivo a toda la bilateral o no", declaró. Fuentes autonómicas dijeron que este asunto es independiente del resto de temas que se tratarán en la reunión, aunque ninguna de las instituciones se atreve ya a dar fechas.
