Casi la mitad de las personas sin techo dicen haber sido víctimas de algún ataque

Casi la mitad de las personas sin hogar que duermen en las calles de Zaragoza, el 46,2%, dicen haber sido víctimas de ataques físicos o verbales en algún momento de su vida sin techo. Unos hechos que podrían constituir delitos de odio, de aporofobia o fobia a la pobreza. La circunstancia agravante, además, es que estas agresiones son invisibles, no suelen aparecer en las estadísticas oficiales porque apenas en uno de cada tres casos las víctimas se han atrevido a denunciar el hecho a la Policía. Un paso que solo dieron el 36,4% de los afectados.

Estos son los datos que refleja el último estudio sobre las personas sin techo que cada dos años elabora Cruz Roja en la capital aragonesa. Corresponden a 2018, ya que la pandemia ha impedido que se lleve a cabo desde entonces, con el apoyo de voluntarios, el recuento de quienes pernoctan a la intemperie o protegidos bajo un puente, cartones, en un cajero o una tienda de campaña. Una iniciativa que se quiere recuperar este próximo noviembre. Las cifras se obtuvieron de las encuestas a las que contestaron los 120 transeúntes que esa noche de noviembre dormían en las calles. Este porcentaje se ha mantenido invariable desde que se empezaron a hacer los recuentos en 2010.

Las al menos dos agresiones físicas registradas este verano en la capital aragonesa, una en el pasaje Ebrosa del paseo de María Agustín el pasado 14 de julio y otra segunda a mitad de agosto, preocupan a las entidades que trabajan con este colectivo e integran la Coordinadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar de Zaragoza. «Es vergonzoso que se sigan produciendo este tipo de incidentes aunque sean puntuales. Pero cuando coinciden en el tiempo, como puede ser este caso, nos planteamos qué podemos hacer nosotros cuando las víctimas, que son muy vulnerables, no quieren denunciar», explica Pilar García, trabajadora social de Cáritas Diocesana, organización que en estos momentos ostenta la presidencia de la Coordinadora, que ocupan de manera rotatoria las asociaciones que la componen.

Antecedentes en 2021

Las alarmas saltaron ya a finales de octubre del año pasado cuando, en apenas dos meses se registraron tres agresiones a transeúntes. En una de ellas, tres jóvenes encapuchados atacaron a un hombre que malvivía en la ribera del Ebro, en la paseo de Echegaray y Caballero, cuando dormía. Le despertaron y tras pedirle un cigarrillo, sin mediar palabra ni discusión alguna, le empezaron a dar patadas y a tirar piedras para acabar arrojando sus zapatos al río Ebro, según relató entonces la trabajadora social de la Fundación Cruz Blanca que lo atendió cuando acudió a contar lo que le había pasado.

El hecho de que el modus operandi fuera el mismo en los otros dos incidentes con personas sin hogar sembró la preocupación. La portavoz de Cruz Roja recuerda que por eso acudieron al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha contratado con el Colegio de Abogados.

La triste realidad es que sin denuncia de por medio, el mecanismo jurídico no se pone en marcha. «El hándicap es que no se puede perseguir un delito si no se interpone una denuncia, que es el mecanismo de entrada para que se abran diligencias y se empiece a investigar», señala Patricia Luquin, abogada y responsable del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica. Dar con los autores también se suele complicar ya que los asaltos se producen por la noche, aprovechando que las víctimas duermen, y no suele haber testigos de lo ocurrido.

Sí hay un proceso judicial abierto en relación con la agresión a Francisco Javier, de 53 años, el 14 de julio en el pasaje Ebrosa. Él mismo relató a una patrulla de la Policía Nacional, que estaba en los alrededores y acudió, que dos varones le dieron varios golpes y puñetazos por los que tuvo que recibir tres puntos de sutura en el oído. Mientras le golpeaban le insultaban llamándole vago y le decían que era un lastre para la sociedad. Un compañero que dormía en la misma zona fue testigo. Fueron detenidos dos jóvenes de 27 y 30 años. Los agentes lo consideraron un claro caso de aporofobia teniendo en cuenta lo ocurrido.

El ataque de mitad de agosto, un botellazo en la cabeza por el que un hombre tuvo que ser asistido y terminó con cuatro grapas en la cabeza, no ha terminado de momento en una denuncia. Algo muy habitual. «Unos tienen miedo de denunciar, otros se encuentran en situación irregular y prefieren no acudir a la policía por temor a que les hagan salir del país y también los hay que están tan habituados a este tipo de situaciones, como insultos y discriminaciones simplemente por su aspecto, que están casi resignados», explica Laura Soriano, trabajadora social de Cruz Roja que durante las noches recorre las calles para atender, acompañar y escuchar a hombres y mujeres sin hogar. Estos días están haciendo entrevistas y «cuesta mucho que nos cuenten algo en relación a la violencia a pesar de que tengan con nosotros cierta confianza». Lo que lleva a pesar que los casos que trascienden son la punta del iceberg.

Ante esta situación, Pilar García asegura que les queda «la denuncia pública, para concienciar a la sociedad sobre este problema que se ceba en los más débiles e indefensos». Apela a la colaboración ciudadana para que cualquiera que contemple un incidente de este tipo no mire hacia otro lado y avise a la policía.