La DGA rectifica la aplicación del convenio económico de Zaragoza tras el recurso del Ayuntamiento
El gobierno PP-Cs acudió a los tribunales por considerar que los fondos autonómicos solo debían ir a competencias propias.
El Gobierno de Aragón acaba de modificar la orden del 30 de noviembre por la que se aplicaba el convenio económico financiero de Zaragoza. Lo hace después de que el pasado mes de junio el Ayuntamiento de la ciudad decidiera acudir a los tribunales ante una discrepancia en los términos del documento, que en opinión del Consistorio podrían generar futuros perjuicios para el erario local.
La polémica se suscitó poco tiempo después de que las dos instituciones firmaran el convenio económico financiero de Zaragoza, por el que la ciudad iba a recibir 80 millones de euros en cuatro años, a razón de 20 anuales. Este acuerdo, que permitía aplicar la ley de capitalidad cuatro años después de su aprobación, fue considerado histórico, dada las dificultades y la tardanza en rubricarse.
Sin embargo, en febrero la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, interpuso un recurso de reposición contra la orden, que transfería 5,3 millones de euros por los importes pendientes de 2021. Según los servicios jurídicos del Consistorio, en el acuerdo había un "error", dado que se decía que los fondos autonómicos se destinarían a "las competencias atribuidas, propias o compartidas". Sostenían que la orden debía decir que la financiación debía financiar "exclusivamente las competencias atribuidas como propias".
Aunque el Ayuntamiento siempre restó importancia a esta reclamación, a la que dio un carácter técnico, el recurso de reposición no fue atendido por el Gobierno de Aragón y suscitó fricciones entre las dos administraciones. De hecho, vista la situación, Zaragoza acudió a los tribunales. La decisión de la ciudad generó malestar en el Ejecutivo autonómico, que calificó de "inédita" y "sorpresiva" la decisión del gobierno PP-Cs en el Consistorio de abrir la vía judicial en lugar de resolver el problema en la comisión bilateral en la que participan las dos administraciones.
Pese a las discrepancias, finalmente la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, emitió una nueva orden por la que se modificaba la del 30 de diciembre. En ella se dice que los fondos del Gobierno de Aragón irán destinados "a financiar las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza", sin hacer mención a las propias y compartidas. En el documento, la DGA decide recoger en la orden "la dicción literal" acordada por las dos partes para evitar la "controversia". A la espera de análisis de los letrados municipales, fuentes municipales dieron por buena la corrección de la orden.
Con esta rectificación se resolvería uno de los frentes abiertos entre el Ayuntamiento y la DGA, pero no todos. Además del convenio de financiación, recientemente el Supremo rechazó el recurso de la DGA a una reclamación municipal por las obras del tranvía de la ciudad. Esto supondrá un próximo desembolso de 25 millones de euros en favor del Consistorio. El Ejecutivo autonómico también tendrá que abonar cuatro millones de euros al Consistorio en compensación por los juzgados de la plaza del Pilar, cuyo suelo en origen era de propiedad municipal.
