Zaragoza denuncia que faltarán 1,4 millones de euros para completar la rebaja del transporte
El equipo de gobierno municipal presentará alegaciones a la orden ministerial.
A falta de solo dos días para que se conozca el real decreto que regulará la rebaja anunciada por el Gobierno central para el transporte público, la publicación de una nueva orden ha vuelto a poner en alerta al Ayuntamiento de Zaragoza. Parece que el temor inicial que manifestó en su día el alcalde, Jorge Azcón, se ha cumplido, y el Ejecutivo prevé destinar a la capital aragonesa menos dinero del que, según las estimaciones de Movilidad, haría falta para cubrir el descuento del 30% durante los últimos cuatro meses del año. En concreto, el borrador contempla alrededor de 4,1 millones de euros frente a los 5,5 millones que se calculan necesarios.
El Consistorio presentó alegaciones a la medida anunciada por Pedro Sánchez pero, según informó este miércoles la concejal responsable del área, Natalia Chueca, por el momento todas sus reivindicaciones han sido desoídas. Como recordó la edil, el gobierno municipal pidió que el descuento, que se aplicará sobre los abonos mensuales y las tarjetas multiviaje, se extienda durante todo el año 2023, ya que, añadió, el objetivo es ayudar a las familias ante la crisis provocada por la inflación y esa situación no estará resuelta el próximo mes de enero.
No obstante, la principal preocupación del Ayuntamiento sigue siendo que el Ministerio de Transportes "asuma íntegramente el coste" de la rebaja. Según Chueca, abaratar un 30% el precio de los abonos costará más de 1, 3 millones de euros mensuales, teniendo en cuenta los abonos activos actualmente y las validaciones con tarjeta, lo que en cuatro meses ascendería a 5,5 millones de euros, 1,4 menos de lo que por ahora se prevé destinar a Zaragoza.
Con todo, son estimaciones que podrían variar en función de la evolución de los usos de autobuses y tranvías, que siguen todavía en torno a un 20% por debajo de lo que era habitual antes de la pandemia, por eso, la edil solicitó que en primer lugar se haga un pago a cuenta y que se complete con una liquidación posterior de los costes reales, "para que no sean los ayuntamientos los que asuman el riesgo". Por el momento, advirtió de que la orden, "lejos de reducir el riesgo de las ciudades", que como recordó arrastran un agujero económico por la pérdida de viajeros provocada por la covid, "da criterios donde salen perdiendo".
En este sentido, Chueca consideró que "se está vulnerando el principio del lealtad institucional de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria", al anunciar una bonificación que deberán asumir en parte otras administraciones.
