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Un albañil y un supuesto asesor financiero confiesan una ciberestafa de 157.800 € en Zaragoza
Nadie sabe cómo, se colaron en la cuenta de una empresa y ordenaron una transferencia que fue bloqueada in extremis.
La Audiencia de Zaragoza sentó ayer en el banquillo de los acusados a un albañil y a un supuesto asesor financiero del que no consta acreditada su formación por una ciberestafa bancaria de 157.800 euros. Los investigados, Catalin S. y Jaime C.G., eran socios de un mercantil que, por llamativo que pueda resultar, lo mismo reformaba un baño o una cocina que gestionaba la compra de ‘bitcoins’. Y sin que nadie sepa todavía muy bien cómo, accedieron a la cuenta ‘on line’ de una firma dedicada al transporte de alimentos por carretera y ordenaron una transferencia a otra cuenta de la que eran titulares.
El Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil estuvo hábil y logró frustrar los planes de los investigados, ya que bloqueó a tiempo la salida posterior del dinero hacia Bulgaria. De ahí que ni la transportista a la que intentaron saquear ni la Fiscalía solicitaran indemnización alguna. Lo que sí proponían ambas eran sendas penas de prisión: de seis años la primera y de tres, la acusación pública.
Hasta ayer, el albañil y su socio habían negado siempre cualquier participación en esta ciberestafa. De hecho, mantenían que la suya no era una sociedad interpuesta creada para ocultar operaciones fraudulentas, sino una mercantil «totalmente vigente». Según estos, la firma, Gost Solution S. L., tenía dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, la que hacía trabajos de construcción y reformas, de la que se encargaba Jaime C. G. Y por otro, la que ofrecía asesoría financiera y gestionaba Catalin S.
Según los escritos de descargo de sus abogados, los acusados se vieron implicados en esta investigación porque un cliente se puso en contacto con ellos para hacer una intermediación en la compra de ‘bitcoins’. Según las defensas, esta persona les ofreció un comisión del 10% por recibir en su cuenta una cantidad de 157.800 euros que debían destinar posteriormente a la compra de criptomoneda. Y fue al enterarse de que habían bloqueado su cuenta bancaría, decían, cuando descubrieron que se estaban envueltos en una investigación de la Guardia Civil.
Confiesan y reducen su castigo
Pero si la estrategia de los encausados había sido siempre negarlo todo, ayer terminaron confesando la autoría de la ciberestafa. Lo hicieron tras pactar con la Fiscalía una rebaja de sendas condenas, que serán finalmente de un año de prisión con una multa añadida de 1.050 euros. Los encausados también tendrán que hacer frente a una parte de las costas del procedimiento judicial.
Ni el Ministerio Público, ni la acusación particular, ni las defensas dijeron tener intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por lo que el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Alfonso Ballestín, declaró firme la sentencia.
