El gobierno PP-Cs cierra un acuerdo con Vox para aprobar el presupuesto de 2022 de Zaragoza
El bipartito, que aprueba este jueves las cuentas, acepta recortar 300.000 euros la partida de cooperación e introducir fondos para barrios y polígonos industriales.
Pese a que dio “casi por seguro” que no lo haría, finalmente Vox dará sus dos votos para que el gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza complete la mayoría absoluta y apruebe el presupuesto de 2022. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la formación de extrema derecha, Julio Calvo, que se ha reservado la opción de presentar enmiendas sobre algunos aspectos de carácter menor sobre los que no ha habido acuerdo.
El alcalde, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa, Sara Fernández, han firmado este miércoles el acuerdo con Calvo, en un acto en el que quiso dar todo el protagonismo a Vox y escenificar su influencia en el gobierno, que se reunirá hoy para aprobar las cuentas. A la espera de que se conozcan los números exactos, el pacto permite al gobierno PP-Cs encarar la recta final de la corporación en una situación de estabilidad, a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades como Madrid, donde los populares están en plena crisis con Vox. Además, se garantiza cobertura presupuestaria para las inversiones en obras, la tarjeta de presentación para las elecciones municipales en 2023.
Por otro lado, el alcalde se evita dar una imagen de precariedad política cerrando el año sin un pacto presupuestario, después del retraso sufrido en la aprobación de las cuentas de 2021, que recibieron el visto bueno del pleno el pasado marzo. Este hecho ha lastrado su ejecución durante todo el ejercicio. Después de que el gobierno dé luz verde a su proyecto económico, se abrirá plazo de enmiendas de los partidos con el objetivo de ratificarlo en el pleno a finales de enero o en febrero.
Según explicó Julio Calvo, el bipartito aceptará la exigencia de recortar la partida de cooperación al desarrollo en 300.000 euros, por lo que se quedará finalmente en 1,8 millones (en las cuentas de la DGA también habrá un recorte de esta partida del 25%). Esta ha sido la gran exigencia de Vox desde 2019. No aclaró cuánto se reducirán los fondos de Igualdad, otro de sus caballos de batalla.
Además, Vox logra introducir partidas de regeneración de los barrios y de los polígonos industriales, así como del sector Zamoray Pignatelli y el Gancho. También se van a adoptar medidas de simplificación administrativa, digitalización y se creará una aplicación móvil para trámites municipales.
La instalación de cámaras de vigilancia o la puesta en marcha de una red de aparcamientos (Vox pide construir uno en altura en la calle Moncayo) son otros aspectos que tendrán partida el próximo ejercicio. Además, reclama una línea de ayudas a autónomos y pymes, así como una ventanilla empresarial y una oficina de captación de inversiones. También una línea de seguros o avales para el alquiler de viviendas para jóvenes, la extensión del programa de arbolado a los barrios
Comisión de seguimiento
El acuerdo llega, según ha explicado el propio Calvo, en un clima de "desconfianza", dado que el gobierno PP-Cs, siempre según la versión de Vox, "ha incumplido" gran parte de los acuerdos que tenían para este ejercicio. Por este motivo, ha avanzado que se va a constituir una comisión de seguimiento que se reunirá al menos una vez al mes para ver cómo avanza la ejecución de las distintas partidas.
Al margen de esta cuestión, Julio Calvo ha recordado otros asuntos que, en su opinión, el gobierno debería haber puesto ya en marcha, como la unificación del Área de Cultura, la sociedad Zaragoza Cultural y el patronato de Artes Escénicas. El acuerdo firmado ayer prevé iniciar los estudios necesarios para hacerlo, así como la adopción de otras medidas de eliminación de competencias impropias ejercidas por el Ayuntamiento de Zaragoza.
El pacto prevé reducir impuestos, para llegar al tipo mínimo del IBI en 2023, así como agilizar los trámites de devolución de las plusvalías indebidamente recaudadas. El acuerdo también incluye la revisión de los procesos de concesión directa de subvenciones para reducirlos al mínimo, así como promover la concurrencia competitiva. Por otro lado, la creación de una zona de bajas emisiones, prevista para el año 2023 en cumplimiento de la normativa estatal, será lo más reducida posible con el objetivo de cumplir la ley y acceder a fondos europeos.
