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El TSJA reconoce que policías locales en segunda actividad cobren igual que si estuvieran en activo

El alcalde aboga por recurrir al Supremo, el PSOE lo critica y fuentes sindicales estiman un coste de 140.000 €.

Las vistas de Calatayud desde el campanario de la torre.
Imagen de archivo de las vistas de Calatayud desde el campanario de la torre.
Ayto. Calatayud

La aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Calatayud, aprobada en abril de 2018 tras más de 10 años de espera, sigue coleando. Ahora, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón reconoce el derecho de los policías locales en situación de segunda actividad a percibir los mismos emolumentos que si estuvieran en activo y a que estos no vayan fijados por la RPT. Así lo ha decidido al estimar parcialmente los recursos contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que entonces dio la razón al Consistorio. 

En la sentencia, se reconoce que ese documento es el "instrumento idóneo para fijar las retribuciones complementarias (…), respetando su configuración legal y reglamentaria de desarrollo". Y en este sentido desecha los argumentos del Ayuntamiento bilbilitano que aseguraba estar en situación similar a los de Zaragoza, Huesca y Teruel, porque estos "cuentan ya con una previa ordenación reglamentaria" y en el primero es "inexistente, ya que la aprobación inicial del Reglamento de segunda actividad fue revocada en 2018". Por este motivo, considera que ha de aplicarse la misma norma que en la Policía Nacional

Dos sentencias contradictorias

Fuentes sindicales calculan que la ejecución de esta sentencia, con carácter retroactivo desde 2018 y aplicada al menos a 7 puestos de trabajo, puede suponer un coste superior a los 140.000 euros. Por su parte, el alcalde, José Manuel Aranda (PP), aboga por recurrir en casación al Tribunal Supremo, ya que "hay dos sentencias contradictorias, ya que en la primera sí que se reconocía la validez de la RPT para estos casos". Mientras, desde el PSOE, el concejal Víctor Ruiz recordó que su grupo lleva "3 años avisando de lo que iba a pasar" y aseguró que la RPT "queda deslegitimada y su coste, desdibujado". También dijo que pedirán una comisión extraordinaria.

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