Aumentar la movilidad activa -a pie y en bicicleta- es el objetivo que se marcan las ciudades para 2030, con el fin de reducir a la mitad las muertes y víctimas graves por accidentes de tráfico, y lograr así urbes más seguras, saludables y sostenibles, pero también más humanas, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El motivo es que ocho de cada diez de estas víctimas son usuarios vulnerables de las vías de circulación (peatones, ciclistas, conductores de VPM y motoristas) y porque además la siniestralidad vial en las ciudades "no ha evolucionado de manera satisfactoria", puesto que entre 2009 y 2019 las muertes han caído un 11 % pero en las carreteras se han reducido un 42 %.

Así lo ha apuntado Grande-Marlaska durante la inauguración del VI Encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible que se celebra este jueves y viernes  en Zaragoza, en un acto en el que también ha intervenido el alcalde anfitrión, Jorge Azcón, y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares, y al que ha asistido el director general de Tráfico, Pere Navarro.

El ministro del Interior inaugura en Zaragoza el Encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible

Todos han coincidido en que el futuro en las ciudades es la movilidad sostenible y que garantizar espacios más seguros para el peatón debe ser la prioridad, pero, como ha apuntado el exalcalde de Barcelona Joan Clos en la conferencia inaugural, "no se puede dictar por ordeno y mando", sino que "merece la pena perder el tiempo" para consensuarlo.

Y es que una vez que el pasado 11 de mayo entró en vigor la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en las calles de un solo sentido, el ministro del Interior ha recordado que quedan pendientes objetivos "ambiciosos" como que a los conductores de los VPM se les apliquen las mismas normas que a los de los vehículos motorizados, regular la edad mínima de usuario, la protección necesaria o el seguro obligatorio.

Por ello, ha pedido a las administraciones estatales, autonómicas, provinciales y municipales que emprendan un proceso colaborativo que genere soluciones normativas y técnicas rápidas y trasversales a los retos de la movilidad urbana.

"Debemos repensar la forma de nuestras calles con el fin de proteger a los más vulnerables, preocuparnos de lo que ocurre en las aceras", que las bicicletas o VPM no circulen por ellas y que sus estacionamientos no afecten a la libre circulación, ha apuntado Grande Marlaska, quien ha anunciado el inicio del próximo lunes de una campaña divulgativa sobre la prohibición de que patinetes y bicicletas circulen por la acera.

El ministro ha asegurado además que no están "en contra de los vehículos" sino "en contra del mal uso" de los mismos porque el interés es tener "calles para la vida y calles para vivir".

No obstante, en su intervención posterior Joan Clos ha subrayado que "vale la pena perder un tiempo valiosísimo" para hacer reflexionar a los actores que "compiten por el espacio público", que deben entender que hay que ponerse de acuerdo y compatibilizar los usos de este espacio. "Si no, todos perderemos", ha advertido.

Según Clos, defender a quien camina es "una responsabilidad pública" porque mientras todos los demás medios de transporte tienen detrás un interés económico, con el peatón "nadie gana nada", para lo que defiende "sacar todos los artefactos de las aceras" y, si acaso, dejar solo los árboles en hilera.

En opinión del alcalde de Zaragoza, la nueva movilidad va a significar una "revolución disruptiva", que va a generar "dificultades" pero que va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y para lo que, ha reconocido, sera necesario un nuevo marco regulatorio que prevea tendencias pero también con recursos suficientes.

En este sentido, ha exigido que los presupuestos estatales incluyan partidas nominativas y específicas para el transporte urbano en Sevilla y Zaragoza, ciudades que, frente a las subvenciones específicas que reciben Madrid, Barcelona y Valencia, están incluidas en la partida global de 50 millones de euros para transporte público aprobada por el Consejo de Ministros.