Un macrojuicio por una red de contratos falsos sentará en el banquillo a casi una treintena de acusados

La titular del Juzgado de lo penal número 6 de Zaragoza interrogará el próximo mes, durante las once sesiones de un macrojuicio, a los 29 acusados por una presunta estafa mediante la que se habrían rubricado contratos de trabajo simulados a ciudadanos extranjeros para conseguir su regularización o una prestación por desempleo. A cambio, los urdidores de la red se habrían cobrado distintas cantidades de dinero.

La Fiscalía considera que esas contrataciones eran ficticias. También, en su escrito de acusación, ubica a uno de los encausados, Eduardo M. C., en la cúspide de la organización, y le acusa de haberse aprovechado de su condición de titular de una gestoría ubicada en la calle Sobrarbe, en el barrio del Arrabal de la capital aragonesa, para crear las sociedades mercantiles pantalla a partir de nuevas empresas o aprovechando otras existentes, pero sin actividad. Para ello, eso sí, contaría con la cooperación de terceras personas, que se enfrentan a peticiones de cárcel similares.

La petición del Ministerio Público es de una pena de seis a nueve años de prisión para los encausados por tejer la red (acusados de falsedad documental y de un delito contra la Seguridad Social), dos años años de cárcel para 22 de los implicados por los delitos de falsedad y contra la Seguridad Social; y doce meses de prisión para cinco de los acusados por el ilícito más leve de los contemplados, el continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En total, las penas podrían alcanzar un máximo de 103 años.

De una sociedad de inversiones... a una charcutería

La imaginación, como suele decirse, no tiene límites. Y si lo que está en juego es un lucro fácil, mucho menos. Así lo demuestran los presuntos cabecillas de la red criminal que se juzgará el mes próximo y que, desde una gestoría ubicada en el zaragozano barrio del Arrabal, promovieron la creación y el cambio de uso de sociedades mercantiles de lo más variopinto. Entre las empresas consideradas por los investigadores como palanca para el delito se encuentran desde una sociedad de inversiones en activos financieros hasta una charcutería. Con estos dos negocios firmaron contratos falsos a ciudadanos en situación ilegal. Pero también emplearon empresas dedicadas a la venta y distribución de mármoles, de construcción, diseño industrial, promociones inmobiliarias o de servicios de albañilería.

Los domicilios sociales estaban repartidos por distintos municipios de la Comunidad:casco urbano de Zaragoza, los polígonos industriales de Plaza y Cogullada, Huesca y Cadrete, entre otros.

Los extranjeros que se beneficiaron de la trama proceden de Marruecos, Ucrania, el África subsahariana o Rumanía. Algunos de ellos emplearon los contratos simulados para solicitar la regularización de su residencia en España, mientras otros los aprovecharon para percibir del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prestaciones por desempleo por importes que oscilan entre los 600 y los casi 5.000 euros.

Contra los acusados y denunciados se han personado, además del Ministerio Fiscal, la Tesorería de la Seguridad Social –institución afectada de forma directa–, así como el abogado del Estado en Zaragoza. Las dos intituciones han plasmado escritos de acusación con peticiones de penas más ligeras que las de la Fiscalía.

Podría celebrarse en dos salas

Ante las dudas que plantearon algunos de los abogados defensores sobre la posibilidad de que pudiera celebrarse la vista oral en la Ciudad de la Justicia, el juez decano, Roberto Esteban, manifestó que no habrá problemas en el uso de la sala 3 de audiencias del edificio Fueros, ya que pueden caber con facilidad los acusados y una veintena de abogados. En cualquier caso, agregó que si la pandemia generara nuevos problemas podrían repartirse en dos salas, como ya se hizo en alguna jornada en el macrojuicio contra 111 chinos y 8 españoles también por contrataciones falsas.

Algunos letrados de la defensa han mostrado su voluntad de negociar con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Seguridad Social para rebajar las peticiones y llegar a un acuerdo antes de que llegue la fecha de la primera vista. Está previsto que empiece el próximo 8 de septiembre y que se prolongue durante once jornadas hasta el 30 de septiembre.