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Una aseguradora acusa a dos clientes de fingir asistencias médicas por 36.000 € en Zaragoza
La compañía pide 9 años de prisión para uno de los acusados, ya que el otro ha fallecido. La Fiscalía cree que el delito ha prescrito.
La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer al empresario Víctor R. R. por la querella que la aseguradora DKV presentó contra él en 2016, cuando una factura de una clínica mexicana le hizo sospechar que tanto él como su socio –ahora fallecido– podrían estar valiéndose de varias pólizas de asistencia sanitaria para enriquecerse de forma ilícita. De hecho, tras una serie de comprobaciones, DKV llegó a la conclusión de que estos clientes habían solicitado el abono de 36.000 euros por asistencias médicas ‘fantasmas’. De ahí que acabara solicitando para ellos sendas penas de 9 años de prisión por un delito continuado de estafa en concurso con otra falsedad continuada.
Durante la fase de instrucción de la querella, la Fiscalía ya solicitó el archivo y sobreseimiento de esta causa por entender que los delitos, de haberse cometido, habrían prescrito. Y el mismo argumento esgrimió este viernes ante los magistrados de la Sección Tercera. Según el Ministerio Público, al haber fallecido uno de los acusados, solo cabría juzgar al otro socio por las facturas presuntamente fraudulentas que él presentó. Pero el importe de estas no alcanza ni los 4.000 euros, razón por la que la Fiscalía entiende que DKV solo podría atribuirle una estafa del tipo básico, delito que prescribe a los cinco años.
«No creo que durante esta vista haya quedado acreditado que las asistencias médicas bajo sospecha fueron falsas. En cualquier caso, al haber prescrito los hechos, el tribunal no debería de entrar ni en el fondo de la cuestión», apuntó la acusación pública en su informe. En los mismos términos se manifestó la defensa, que solicitó la absolución del empresario.
Los hechos enjuiciados se remontan a 2009 y 2010, cuando los encausados contrataron sus respectivas pólizas de salud con DKV. Al revisar los cargos que estos clientes les pasaron desde entonces hasta 2016, la aseguradora detectó posibles asistencias sanitarias fraudulentas. Según recordó ayer el abogado que representa a la compañía, Miguel López Paúl, se habrían cobrado recibos de clínicas mejicanas «que las autoridades de este país no tienen registradas» o de médicos «que dicen no conocer ni haber atendido nunca a los acusados o a sus familiares». La aseguradora también cuestiona las facturas de una clínica de odontología de Estepona (Málaga), ya que, según su letrado, «tampoco figura en el registro de la Junta de Andalucía y ni siquiera hacía constar su CIF en las facturas». De ahí que pida la condena para el acusado.
