Francielle Ferraz dio ayer, literalmente, saltos y palmas de alegría en la Audiencia de Zaragoza después de que el proceso contra ella y su compañero, Óscar Cavalcante, quedara visto para sentencia tras un acuerdo con la Fiscalía que los librará de ingresar en prisión a cambio de abandonar el país. Los dos encausados, que reconocieron haber creado desde cero tarjetas de crédito para usarlas en Calatayud y Sitges (Barcelona), habían sido acusados por el Ministerio Público de los delitos de falsificación de tarjeta crédito y débito, estafa y hurto. La fiscal acabó pidiendo sendos castigos de cuatro años y tres meses de prisión, así como una multa de un mes a razón de tres euros diarios y la devolución de las cantidades estafadas con los ‘visas’ ficticias .

Los acusados, que han sido representados por los letrados Alejandro Sarasa y Carlos de Bonrostro, aceptaron los cargos sin dudar y se mostraron más que conformes con la devolución del montante que habían sustraído, poco más de 1.100 euros, efectuando compras en diversos establecimientos en las provincias de Zaragoza y Barcelona. De hecho, las víctimas ya han recuperado el dinero que se les había quitado mediante la estafa, que se prolongó durante varias jornadas de noviembre de 2019. Los encausados abandonarán España con destino a Brasil, su país de origen, en un plazo inferior a dos meses, tan pronto como la situación derivada de la pandemia permita acometer el viaje.

Detenido por robo de identidad

Por otro lado, J. M. C. M., de 22 años, fue arrestado el pasado jueves por, presuntamente, contratar líneas telefónicas utilizando la identidad y los datos bancarios de otra persona. La investigación de la Policía Nacional comenzó a raíz de una denuncia en la que un hombre manifestaba que una empresa de cobro de deudas le estaba reclamando el pago de numerosas facturas desde agosto de 2020 emitidas. Estas las emitía una compañía telefónica en concepto de líneas e instalación de internet, así como por la compra de un terminal de teléfono que él no había solicitado y que ni siquiera coincidía con el domicilio donde reside.

Las gestiones determinaron que la instalación de internet, así como del lugar de entrega del terminal telefónico se habían efectuado en una vivienda de la Calle Andrea Casamayor, en Las Fuentes.Los funcionarios localizaron al morador del domicilio, que resultó ser el titular del número de teléfono utilizado como referencia para el seguimiento del envío.