Prostitución en Zaragoza: acusan a un clan colombiano de explotar a compatriotas junto al campus universitario

Los cruces de las calles de Burgos, Ávila y Escosura fueron durante mucho tiempo el epicentro de la prostitución callejera en Zaragoza, pero la presión vecinal y policial logró sacar a las chicas de sus esquinas y aquel trajín de vehículos y clientes dando vueltas por la zona cada noche se ha convertido afortunadamente en un mal recuerdo. El negocio del sexo se trasladó entonces a varios pisos del entorno de la Universidad de Zaragoza, donde las mafias y los proxenetas siguen explotando mujeres, sobre todo, sudamericanas y de países del Este de Europa.

Sin embargo, la Policía Nacional ha conseguido asestar también duros golpes a estas organizaciones criminales durante los últimos años. Fruto de esa batalla, la Fiscalía podrá sentar pronto en el banquillo a un clan familiar colombiano que se dedicaba a captar compatriotas en su país para prostituirlas después en cinco viviendas de Zaragoza, casi todas, en la zona de Tomas Bretón. Al frente de esta organización estaban los hermanos Milton Seir y Tatiana Andrea A. G., de los que dependían numerosos colaboradores: reclutadores, regentes, vigilantes, chóferes, blanqueadoras...No fue posible detener a todos, pero ocho de ellos serán juzgados también en febrero por la Audiencia de Zaragoza.

De las pesquisas practicadas por el Juzgado de Instrucción número 9 se desprende que, al menos durante el año 2019, los acusados se dedicaron a reclutar mujeres en Colombia para obligarlas después a prostituirse en la capital aragonesa. Como suele ser habitual, les ofrecían como cebo un trabajo como limpiadoras o camareras en España. Pero en cuanto estas chicas aterrizaban en Barajas, les explicaban que como se iban a ganar la vida era vendiendo su cuerpo. Según los investigadores, algunas de estas mujeres salieron de su país sabiendo que iban a dedicarse al negocio de la prostitución, lo que ignoraban eran las penosas condiciones en que tendrían que hacerlo, con jornadas extraordinariamente largas y un margen de ganancias muy reducido (un 25% en algunos casos).rlas a Zaragoza, sino también después, cuando las distribuían por los cincos pisos que ten

Gracias a la información que facilitaron las propias víctimas, la Policía pudo averiguar el modus operandi de la organización: no solo a la hora de reclutar a las chicas y traeían alquilados en la ciudad. Tres de ellos estaban ubicados junto al campus universitario de la plaza San Francisco, en las calles de Tomás Bretón, Corona de Aragón y San Antonio María Claret, pero el clan familiar contaba con otras dos viviendas satélite en las calles Norte (barrio de Jesús) y Monasterio de Samos (Las Fuentes).

Sin pasaporte y videovigiladas

Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación, la organización se encargaba de sufragar a las chicas tanto el pasaporte como los billetes de avión. Para que nos les denegaran la entrada en la frontera y pudieran colarse como turistas, los acusados les facilitaban también reservas de hoteles e incluso dinero en efectivo.Por supuesto, en cuanto conseguían burlar los controles y llegaban a la capital aragonesa, les dejaban claro que habían contraído una cuantiosa deuda con la red criminal y que tendrían que prostituirse para devolver los miles de euros que les exigían.

En cuanto al funcionamiento de los pisos, todo ellos contaban con un o una regenta, que era la persona que imponía las normas y organizaba los encuentros sexuales, que se canalizaban principalmente a través de la página de internet pasion.com. Algunas veces, las citas se llevaban a cabo fuera de las viviendas, por lo que otro miembro de la organización hacía de chófer y de vigilante de la mujer que salía.

64 años de prisión

Para evitar que alguna de las mujeres sucumbiera a la tentación de escaparse y denunciarlos, los cabecillas de la trama ordenaban que les quitaran el pasaporte. Además, los cinco pisos contaban con un sistema de vídeovigilancia continuo.

Según las pesquisas policiales, en el reparto de tareas, varios de los detenidos se encargaban de blanquear los beneficios haciendo envíos de dinero al extranjero o adquiriendo bienes y servicios. Por ejemplo, una parcela valorada en 25.000 euros en La Muela o varios vehículos.

Como miembros de un entramado delictivo que se enriquería a costa de la explotación sexual de estas mujeres, la Fiscalía acusa a los diez investigados de los siguientes delitos: trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública y blanqueo de capitales. Los máximos responsables, los hermanos Milton Seir (el único en prisión provisional) y Tatiana Andrea A. G., se enfrentan a sendas penas de 16 años de prisión. Para los otros ocho encausados, el Ministerio Público propone también condenas que suman otros 32 años.