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Teresa Francín, ex alcaldesa de Caspe, absuelta de prevaricación en el caso de la Herradura

La juez exonera también a los otros 4 acusados de otorgar una licencia para construir un almacén
en un paraje protegido.

Los acusados del caso La Herradura de Caspe, este martes, en el banquillo de la Ciudad de la Justicia.
Los acusados del caso La Herradura de Caspe, cuando fueron juzgados en septiembre de 2018.
Guillermo Mestre

Un año después de celebrarse el juicio por prevaricación urbanística contra Teresa Francín, alcaldesa socialista de Caspe entre 1999 y 2011; María Isabel García y Félix Cortés, concejales caspolinos y tenientes de alcalde durante varios mandatos; Carlos Manuel Miret, arquitecto municipal de 1985 a 1995 y de 2001 a 2004; e Isabel Arnal, secretaria del Ayuntamiento de Caspe durante los mandatos de Francín, han sido absueltos.

La sentencia, emitida con fecha de 30 de julio y comunicada a las partes a primeros de septiembre, exonera a los cinco encausados del delito contra la ordenación del territorio (o prevaricación urbanística) que les atribuía la Fiscalía y por el que pedía para cada uno de ellos una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y una multa de 4.320 euros. La acusación particular solicitaba penas de hasta dos años de cárcel y diez de inhabilitación.

Este proceso, conocido como el caso de la Herradura, comenzó a instruirse en 2008, después de que la asociación cultural Compromiso por Caspe denunciara que estos acusados (y otros ocho más que fueron exonerados durante la instrucción judicial) prevaricaron al otorgar a la empresa La Herradura Caspe S. L. una licencia para construir varias edificaciones hortofrutícolas en el paraje conocido como La Herradura y definido como suelo no urbanizable protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) caspolino, aprobado en 1987. 

A juicio de la Fiscalía, la licencia urbanística se concedió «para favorecer de forma directa o indirecta» a Mariano Gómez Callao, fallecido en 2016 y que fue alcalde socialista de Caspe (1985-1995) y administrador de la empresa La Herradura.

Ahora, la titular del Juzgado de lo Penal número 7, María del Pilar Alguacil, ha llegado a la conclusión de que no se ha acreditado que la exalcaldesa, los exconcejales y la secretaria municipal concedieran la licencia «conociendo» que la parcela estaba en un terreno clasificado como paraje protegido.

El equipo de gobierno aprobó la construcción de las naves de acuerdo con el informe favorable emitido por el arquitecto Carlos Manuel Miret. Este consideró que el proyecto –firmado por el ingeniero agrónomo Castillo López y visado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco– que calificaba el suelo de no urbanizable o rústico, cumplía las normas según el PGOUde Caspe. 

Tras examinar la documentación, Miret concluyó que la central se iba a levantar en un suelo «no urbanizable genérico» y no en «suelo no urbanizable especialmente protegido», según la juez.

La sentencia recoge que tal y como estaba hecho el PGOU podía originar «errores de interpretación». Descarta que los cinco acusados actuaran en «connivencia» para conceder la licencia a Gómez Callao. Por eso, tal y como pedían las defensas, a cargo de los abogados Carlos de Francia, Valentín Romero, José Ángel Sanz, Francisco Miguel Tobeñas y María Asunción Perea, los absuelve.

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