Juzgan a tres personas acusadas de explotar a trabajadores que cuidan a enfermos en hospitales de Zaragoza

Margarita Blanca B. A., su hijo Paul Alejandro R. B. y Cándida Rosa N. M. fueron juzgados este miércoles acusados de explotar laboralmente al menos a 203 inmigrantes que se dedican a cuidar enfermos en hospitales públicos de Zaragoza.

Los tres, según la Fiscalía, se dedican a contactar con extranjeros en situación irregular y les ofrecen trabajar atendiendo a personas hospitalizadas a cambio de un porcentaje de dinero que ellos mismos estipulan y sin ningún tipo de derecho laboral. 

Por esa razón, solicita para cada uno de ellos dos condenas de cuatro años de cárcel por sendos delitos contra los derechos de los trabajadores: uno por explotación laboral y otro por favorecer la inmigración ilegal.

Según el Ministerio Público, Margarita Blanca B. –que ya fue juzgada y absuelta por la Audiencia Provincial de Zaragoza en 2015 por hechos similares–; su hijo Paul Alejandro R. B. y Cándida Rosa N. M. se dedican de forma organizada desde 2012 a «monopolizar» esta actividad en los centros hospitalarios zaragozanos. Para ello emplean a ciudadanos extranjeros, la mayoría de Nicaragua pero también alguno de El Salvador y Ecuador.

La principal característica es que todos ellos carecen de permiso de residencia y trabajo, lo que les pone en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por los acusados para imponerles condiciones de trabajo abusivas, según la acusación. Entre ellas, no son dados de alta en la Seguridad Social ni sus empleadores cumplen la normas básicas de prevención de riesgos laborales. Además, les exigen una comisión por el cuidado de cada enfermo y los amenazan con promover su expulsión de España si no aceptan sus condiciones.

Las investigaciones por esta causa se remontan a abril de 2017, cuando la Policía tuvo conocimiento de que se habían producido varios altercados en los hospitales de Zaragoza y que involucraban a personas extranjeras, mayoritariamente de origen nicaragüense, dedicadas a acompañar y cuidar enfermos y ancianos.

Una de estas personas era Margarita B. A., conocida para los investigadores por haber sido detenida en 2012 por hechos parecidos. Esta mujer lidera un grupo compuesto por personas de su confianza que trata de acaparar las labores de cuidado de enfermos. 

En el juicio de este miércoles se puso de manifiesto que han mantenido enfrentamientos con grupos similares que intentan hacer las mismas labores y entre ellos se amenazan y coaccionan para impedir que se publiciten en los centros sanitarios y así captar el máximo número de clientes. El enconamiento entre los grupos llegó al enfrentamiento físico, incluso con trabajadores nacionales.

Para el fiscal, la jefa del grupo, ayudada por su hijo, era quien organiza el trabajo del cuidado de enfermos y dispone quiénes tienen que cubrirlo, el dinero que deben cobrar y las comisiones que le tienen que pagar. Según la Policía, los turnos eran de entre 10 y 12 horas diarias, por unos 20 o 25 euros, y tenían que abonar entre 5 y 10 a la organización. Las cadencias de trabajo podían prolongarse durante más de 12 días consecutivos.

Carlos Castillo, abogado defensor de Margarita Blanca B. y Paul Alejandro R., negó que los hechos que se le atribuyen a sus clientes sean un delito contra los derechos de los trabajadores y que, en todo caso, constituirían una infracción administrativa.

Durante la investigación y el registro domiciliario de los acusados se encontraron libretas y anotaciones de la actividad laboral en los hospitales y en ellas figuraban 203 trabajadores ilegales y unos ingresos mensuales netos cercanos a los 2.600 euros. Los acusados negaron que esos cuadernos fueran suyos y su abogado hizo hincapié en que no se ha llevado a cabo ninguna pericial caligráfica que demuestre su autoría.

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