La portavoz y concejal de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro (PP), asegura que la "presión fiscal en Zaragoza todavía es alta, hay margen para bajarla". En relación con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), expresa su deseo de promover "una bajada del tipo al mínimo legal, el 0,4". Navarro condicional a reducción de impuestos al resultado de la auditoría de cuentas.

Su primera decisión ha sido la aprobación de una auditoría. ¿Qué espera encontrar?

Nos preocupa el estado de las cuentas y creemos que no somos conocedores de todo lo que hay. La hemos encargado porque queremos ponernos a trabajar en unas nuevas ordenanzas fiscales y en el presupuesto de 2020.

¿En qué medida va a condicionar la deuda los presupuestos?

Dependerá de cuántos millones de deuda real nos dice la auditoría que tenemos. Si estamos por encima del 110% no nos podremos endeudar a largo plazo y eso perjudicará las inversiones.

¿La decisión de no aprobar un presupuesto para este 2019 pone en riesgo el cumplimiento de ese nivel de deuda?

No creo que afecte porque se pueden hacer modificaciones presupuestarias para amortizar deuda. No aprobamos un presupuesto porque con la tramitación legal llegaríamos a noviembre, y sería inejecutable.

¿Cuál será la postura con el Ministerio de Hacienda por la imputación de la deuda del tranvía?

Hay un recurso que interpuso el anterior gobierno pero se puede llegar a acuerdos técnicos entre el Ayuntamiento y Madrid. Iniciaremos cuanto antes un diálogo para unificar los criterios.

Si la auditoría trae malas noticias, ¿qué soluciones plantea para hacer el presupuesto?

Varitas mágicas hay pocas. Esto es como una familia, tienes que ser consciente de los ingresos y de los gastos y con eso jugaremos. Nuestro objetivo es que haya unos servicios públicos de calidad y que el presupuesto se dirija a mejorar el día a día de los zaragozanos.

El PP prometió en campaña una «revolución fiscal». ¿En qué se va a materializar?

Ya hemos empezado a trabajar en las ordenanzas fiscales y espero que después del verano tengamos una propuesta. Buscamos una bajada de impuestos al emprendimiento, al fomento de la actividad económica, al IBI… Pero vamos a ser prudentes porque en función de los datos de la auditoría tendremos que ver el dinero que dejaremos de recaudar con esas medidas.

No descarta entonces que no se puedan bajar los impuestos.

Si los datos económicos son peores de lo que conocíamos cuando hicimos nuestro programa electoral tendremos que salir a contarlo a los zaragozanos, porque nos gusta ser valientes y vender lo que hay, la realidad. Nuestras ordenanzas tienen que ser reales y ejecutables, como el presupuesto.

¿Cree que la presión fiscal en Zaragoza es la adecuada?

Creo que todavía es alta, hay margen para bajarla, pero el Ayuntamiento no se ha preocupado en los últimos años de atraer empleo, inversión y emprendimiento, que eso al final es lo que te da más recursos.

Entonces, ¿qué ordenanzas quieren cambiar?

El IAE (Impuesto de Actividades Económicas) tiene mucho recorrido. O el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), en el que proponemos una exención del 95% para los emprendedores que abran y acometan obras en cualquier despacho o local comercial.

¿Se suprimirá por completo la plusvalía ‘mortis causa’?

Ya conseguimos desde la oposición que hubiera una modificación importante para bajar esa plusvalía por heredar. Se está aplicando desde mayo y vamos a intentar reducirla más en los próximos 4 años. Pero todo está condicionado a la auditoría.

¿Se modificará el IBI?

Queremos una bajada del tipo al mínimo legal, el 0,4. Estamos haciendo los estudios de impacto recaudatorio.

¿Y las tasas?

Las estamos revisando para beneficiar a todos los colectivos desfavorecidos de manera real. En Cultura, por ejemplo, queremos una ordenación. No se están viendo todos los perfiles de familias, de colectivos desfavorecidos...

¿Que hará con las sentencias judiciales pendientes de pago?

Queremos que haya un registro y que sea público para que todos los ciudadanos lo puedan ver. Los recursos tienen que estar absolutamente motivados por la Asesoría Jurídica y que no se utilicen los tribunales como mecanismo de financiación como se ha hecho últimamente. Hemos pagado en 4 años 34 millones de euros en intereses de demora, es inaceptable.

¿Qué mejoras va a aplicar en materia de contratación?

Un plan de choque, porque tenemos un embudo en la elaboración de pliegos de todas las áreas. Hay que poner a trabajar a más gente porque hemos pagado hasta 42 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de créditos y otros 18 en convalidaciones. Estos son procedimientos excepcionales que deberían reducirse al mínimo legal.