La crisis epiléptica que sufrió el 7 de diciembre de 2017 llevaron ayer al banquillo de los acusados a Javier C. B., un zaragozano de 22 años al que la Fiscalía atribuye un delito de lesiones y otro de atentado contra la autoridad por soltar varias patadas y manotazos a los policías que trataban de sujetarlo cuando convulsionaba. La médico que lo atendió in situ, el neurólogo que lo trataba y la forense encargada del caso explicaron a la juez que, cuando se produjeron los hechos, el paciente "estaba plenamente enajenado" y era incapaz de controlar sus actos. Sin embargo, la Fiscalía considera que eso no exime al encausado de tener que indemnizar a uno de los agentes con 740 euros (más intereses) por los 8 días no impeditivos que tardó en recuperarse de un golpe en la mano.

Durante la intervención resultaron también heridos leves otro policía y un bombero de la uvimóvil, pero ellos entienden que lo ocurrido son gajes del oficio y han renunciado a cualquier compensación económica que pudiera corresponderles.

Para la acusación pública, a tenor de los informes de los especialistas médicos, la juez debe aplicar al paciente una eximente completa y absolverlo. Por lo tanto, no pide que sea condenado a prisión, pero sí que se le obligue a seguir un año en tratamiento y a indemnizar al funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.

Para la defensa, a cargo de Enrique Esteban Pendas, resulta ilógico que el joven epiléptico tenga que pagar una indemnización "cuando no ha cometido ningún delito". El letrado considera que a lo largo de las dos sesiones del juicio ha quedado acreditado que se encontraba en plena crisis epiléptica y "completamente desconectado de la realidad".

La defensa insistió durante su informe en que solo puede existir delito cuando hay voluntad de causar un daño o el presunto autor puede representarse ese daño. "Por lo tanto –añadió–, no es que deba aplicársele una eximente completa a este joven, es que el caso no debería haber llegado a juicio porque nunca cometió ningún delito".

El joven no recuerda  nada

Cuando la Fiscalía preguntó a Javier C. B. por lo ocurrido aquella tarde, este explicó que solo sabe lo que le han contado sus padres, que acudieron enseguida a casa de su entonces novia, lugar donde sufrió hasta tres crisis epilépticas consecutivas. El joven recordó también que le diagnosticaron la enfermedad en 2011 y desde entonces ha estado bajo control médico. "A raíz de aquello me subieron la medicación y no he vuelto a tener ninguna crisis", explicó. En cualquier caso, sigue acudiendo puntualmente al especialista cada seis meses.

El doctor Antonio Oliveros, neurólogo que trataba entonces al acusado y ahora ya jubilado, declaró ayer que esas lagunas de memoria de las que habla este son "completamente normales". "Cuando sufren una crisis, los epilépticos son incapaces de saber si quien está a su lado es un policía, un bombero o un familiar. Es bastante normal que experimenten cierta agresividad, pero de forma inconsciente. Javier mordió a sus propios padres en otra crisis. Por ello, lo que yo siempre digo a las familias es que en estos casos los dejen tranquilos", concluyó.