La investigación judicial abierta contra la concejal de Participación, Elena Giner, por el caso de la adjudicación de las carpas de las fiestas de los barrios rurales sigue adelante y, concluida la fase de instrucción, la jueza acaba de dictar el auto de incoación de procedimiento abreviado, trámite previo a la apertura de juicio oral. La Fiscalía todavía no ha presentado su escrito de calificación, en el que deberá concretar el delito por el que acusa y la pena que solicita, pero en su informe previo apunta a la presunta comisión de una prevaricación administrativa.

El proceso contra Elena Giner y contra el funcionario Fernando Z. se puso en marcha en julio de 2018, cuando el grupo municipal del PP formuló una denuncia ante la Fiscalía por la adjudicación de las carpas festivas desde 2016, dado que sospechaba que se podía estar produciendo un caso de fraccionamiento de contratos para evitar los trámites de un concurso público.

Una misma empresa, Aracarpas, logró unos 80 contratos de carpas por valor de 250.000 euros. El Ministerio Público apreció indicios de delito y formuló denuncia ante el Juzgado Decano de Zaragoza, que adjudicó el asunto al Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, que citó a declarar a la concejal en noviembre. La edil negó la prevaricación y subrayó que contó con los informes favorables de la Intervención municipal.

Concluida la fase de instrucción, en la que se han llevado a cabo los interrogatorios y se ha requerido todo tipo de documentación , la jueza dictó el pasado 10 de abril el auto de incoación de procedimiento abreviado. Ahora se ha emplazado al Ministerio Público para que formalice su escrito de calificación, en el que deberá concretar las penas que pide tanto para la concejal como para el funcionario investigado.

En un principio, el PP sostenía que los hechos podían ser constitutivos de un delito de fraude y otro de prevaricación administrativa. Pero parece que la acusación pública habría descartado el primero.

Giner recurrirá el auto

Por su parte, Elena Giner anunció este martes que tiene previsto presentar un recurso contra el auto de la juez de instrucción con el objetivo de que se archive la causa. La edil, a través de sus letrados, ratificará toda la información y documentación aportada ante esta instrucción. "En cualquier caso, es un procedimiento judicial abierto con el que se va a prestar la máxima colaboración para aclarar cualquier sombra de duda", declaró.

Según Giner, "es una contratación que tuvo como objetivo garantizar la realización de dichos festejos, puesto que las modificaciones en la normativa autonómica hacen necesaria la adecuación de los pabellones existentes en los barrios rurales". Añadió que "todas las facturas generadas fueron en su momento fiscalizadas por el órgano de control del Ayuntamiento que, en este caso, es Intervención y no puso reparo alguno en ninguna de ellas".

El PP no está personado en la causa, según fuentes del grupo municipal, por no haber podido asumir la cuantía del aval solicitado. No obstante, durante la instrucción ha facilitado información de las novedades relativas sobre este caso, como por ejemplo el concurso público convocado por el gobierno de ZEC para adjudicar las carpas de los barrios. Según fuentes populares, se trataría de la "prueba de cargo" que confirma que el procedimiento de adjudicación de la instalación de carpas a través de múltiples contratos a la misma empresa no se ajustaba a derecho.

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para la organización de las fiestas de un solo barrio, la empresa llegó a presentar hasta 5 facturas, todas ellas por debajo de los 3.000 euros sin IVA, lo que evitó que hubiera que pedir ofertas.