La abogacía aragonesa pide "dignificar" la justicia gratuita como derecho constitucional

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, considera necesario la adopción de medidas para dignificar la justicia gratuita, el denominado turno de oficio, como un derecho constitucional con el que los colegios de profesionales siempre han cumplido.

Morán, que preside, además, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, reflexiona así sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la reforma la legislación y establece que el turno de oficio es obligatorio para los abogados.

Este jurista atribuye la reforma legal, tras décadas de funcionamiento del turno de oficio "sin problemas", a la reciente decisión de la Dirección General de Tributos de exigir el IVA en la indemnización que abona el Estado a los colegios, que supondría un incremento multimillonario de los recursos destinados.

La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica fue aprobada en el Congreso como el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, y avalada por el Constitucional en respuesta a un recurso de Podemos, apoyado por varias asociaciones profesionales, al entender que "esclavizaba" a los abogados.

Morán admite que a la justicia gratuita "se la trata mal", aunque asegura que se han lanzado mensajes "no correctos" ya que los colegios de abogados siempre han cumplido con su obligación de proporcionar letrados apuntados al turno de oficio de forma "voluntaria y vocacional".

Una obligación, destaca, que ya venía establecida antes de la referida reforma en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en las de enjuiciamiento civil y criminal o en la de funcionamiento del orden contencioso-administrativo.

"Siempre ha habido voluntarios y nunca se ha hecho obligatorio en ningún colegio el turno de oficio, y creo que seguirá estando así mucho tiempo", asegura Morán, para quien, por otra parte, el sistema legal "siempre lo interpretará el Constitucional, nos guste o no".

A pesar de que los colegios cumplen con su obligación legal con la justicia gratuita, admite que las quejas de los profesionales del turno de oficio "son ciertas" debido a la desatención de las administraciones hacia este servicio.

Según explica, "la desilusión que hay en el ámbito de la abogacía no es una excepción porque todos los que nos movemos en la justicia nos quejamos de la justicia, y también jueces, fiscales y funcionarios".

Morán achaca esta situación al hecho de que, a su juicio, "invertir en justicia no es muy rentable porque es un dinero que no se ve, y los 3.000 millones de euros que se han gastado este último año se notan poco".

"Además -añade-, porque tampoco les gusta mucho a los estados tener un poder judicial y una administración de justicia bien ordenada y surtida, porque alguna vez se puede revolver contra ellos".

En su opinión, el abogado es consciente en el momento de colegiarse de que debe asumir unas cargas que él no ha buscado y que "no tienen otros sectores profesionales como jueces, fiscales, médicos o fontaneros".

Para mejorar esta situación, este jurista incide en la necesidad de que las dotaciones presupuestarias para cubrir estos costes sean "realistas", que se liquiden a los colegios con rapidez, y de que la tramitación informática con la administración que debe satisfacer el pago sea inmediata.

En la actualidad, un abogado de turno de oficio puede cobrar un poco más de 200 euros por llevar un divorcio, o por tramitar pleitos que le exigen "unos meses o un año", y aún así el proceso de liquidación se demora en el tiempo.

En la actualidad, añade, en Aragón este proceso choca contra una "burocracia" y a una falta de dotación suficiente para hacer "ágiles" las liquidaciones de la administración.

Un proceso que en la Comunidad aragonesa lleva "al menos" un periodo de cinco meses, pero que en Madrid, añade, se ha conseguido hacer mensualmente debido a un sistema de acreditación que "está funcionando".