La alcaldesa de Aranda de Moncayo, Rosario Cabrera, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza para declarar sobre la adjudicación de la explotación de un coto de caza a una sociedad deportiva integrada, entre otros familiares, por su marido y su hijo.

La responsable municipal (PSOE) negó que maniobrara para favorecer a la sociedad San Roque, como sostienen la Fiscalía y El Perdigal, el otro club de cazadores del pueblo que se sintió perjudicado por la adjudicación municipal y que denunció ante los tribunales.

Cabrera mantuvo que San Roque era la única adjudicataria que cumplía con el pliego, aunque su oferta era inferior al precio de licitación y que después se demostró que no estaba al corriente de pagos con Hacienda (algo obligatorio en el proceso de contratación). La alcaldesa declaró que después de la adjudicación le llegaron mensajes de El Perdigal que le instaban a dimitir o a convocar un nuevo concurso, que fue anulado por la DGA porque no se publicitó como exige la ley. "Sigo siendo la alcaldesa y el coto no ha vuelto a adjudicarse. No acepto chantajes", dijo la alcaldesa. Las personas a las que se atribuyeron estos mensajes declararon ayer como testigos y los reconocieron, aunque no los calificaron de amenazas. Tampoco los consideró tales el fiscal, que llegó a decir que si la alcaldesa se sintió amenazada tenía que haberlo denunciado.

La Fiscalía exigió tres años de cárcel y siete de inhabilitación para Cabrera por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación y que la edil indemnice al Ayuntamiento de Aranda de Moncayo por las cantidades de dinero que ha dejado de percibir en estos años, que serán fijadas, si procede, en ejecución de sentencia. La defensa, a cargo de la letrada Carmen Biel, solicita la libre absolución.

En el juicio declararon varios miembros de El Perdigal que dijeron sentirse perjudicados por la alcaldesa y afirmaron que el pueblo ha perdido dinero con esta adjudicación.