La Fiscalía solicita tres años de prisión para la alcaldesa de Aranda de Moncayo
El Ministerio Público la acusa de adjudicar la explotación de un coto de caza a una sociedad formada, en parte, por cuatro familiares.
Rosario Cabrera, alcaldesa de Aranda del Moncayo (PSOE), será juzgada como presunta autora de un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación por adjudicar de manera supuestamente irregular la explotación de un coto de caza a una sociedad integrada, en parte, por familiares suyos. La Fiscalía solicita para ella una pena de tres años de prisión y otra de siete de inhabilitación para cargo público.
La acusación es fruto de la denuncia interpuesta en su día por la sociedad de cazadores El Perdigal, al entender que la política había adjudicado de manera ilegal los aprovechamientos cinegéticos del monte público de la localidad a la sociedad de cazadores San Roque. Según las acusaciones, la alcaldesa no solo lo hizo sin cumplir los requisitos y en contra de la opinión del secretario municipal, sino que la sociedad beneficiada está presidida por su cuñado, el secretario es su marido, el tesorero es su hermano y su hijo ocupa un cargo como vocal.
De hecho, un juez de lo contencioso administrativo anuló el acuerdo por ser contrario a derecho, aunque a raíz de esa sentencia el Ayuntamiento ya no volvió a sacar a concurso la gestión del coto. Mientras tanto, la denuncia de El Perdigal siguió su curso y finalmente sentará en el banquillo de los acusados a la alcaldesa.
En su escrito, la fiscal detalla las irregularidades en la concesión, tales como que en el anuncio que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia no figuraba el pliego de cláusulas de licitación y se hacía constar que la documentación y la información se facilitarían en la secretaría del Ayuntamiento. Sin embargo, como en el periodo de licitación no hubo secretario municipal, ni la sociedad El Perdigal ni el particular Xabier A. A. pudieron acceder al pliego, que solo estuvo expuesto en el tablón de anuncios del consistorio.
Posteriormente, en la apertura de sobres se requirió a El Perdigal que subsanara en tres días la documentación presentada, pero al no poder aportarla en ese plazo fue expulsada de la licitación por un acuerdo del pleno municipal de julio de 2016. Tras este incidente, la explotación del coto de caza fue adjudicada a San Roque. La Fiscalía mantiene que incluso esto se hizo de manera irregular, ya que la sociedad no cumplía con requisitos tales como estar al corriente de las obligaciones tributarias y no prestó fianza.
Informe negativo del secretario
El secretario municipal emitió un informe negativo advirtiendo de estas anomalías y recomendando que el concurso quedase desierto, consejo que la alcaldesa desoyó y en agosto de 2016 firmó el contrato con San Roque.
La fiscal y la acusación particular, ejercida por el abogado Álvaro Lasala, mantienen que la alcaldesa también malversó caudales públicos pues durante la gestión del coto en el periodo anterior (2011-2015), hizo continuas rebajas en los precios convenidos con San Roque, que cifran en algo más de 19.000 euros, sin tramitar ningún expediente y sin acuerdo de pleno.
Por su parte, su abogada defensora, Carmen Sánchez, pide su absolución y alega que la adjudicación se hizo con total transparencia y que el marido y el hijo de su cliente pertenecen a la sociedad San Roque pero también a la de El Perdigal, desde 2002.
