Zaragoza

Condenan a prisión a dos ejecutivos de una empresa de Zaragoza por administración desleal

Les impone dos años de prisión y una multa de 4.500 euros a cada uno y el pago de 152.611 euros a los socios de Zentyal S. L. que los denunciaron. Declara probado que hicieron pagos sin justificación alguna, como unas vacaciones a Punta Cana.

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Guillermo Mestre

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado por un delito continuado de administración desleal a dos ejecutivos de Zentyal S. L., una mercantil tecnológica zaragozana dedicada a diseñar aplicaciones y sistemas informáticos y a instalar sistemas de hardware y software.

El tribunal de la Sección Sexta ha impuesto a Jorge M. J. y a Ignacio C. U. sendas penas de dos años de prisión y el pago de multas de 4.500 euros. Además, deberán indemnizar a con 152.611 euros a los seis socios que los denunciaron.

La empresa recibió a lo largo de los años ayudas, financiación y subvenciones públicas por importes próximos a los dos millones de euros. En 2012 inició el proyecto ‘plataforma cloud’ para trasladar los resultados de Zentyal Server al mundo on line; en 2013 comenzó otro para reemplazar soluciones Microsoft en empresas, pero no logró la financiación necesaria para ninguno de ellos, los proyectos no finalizaron y perdieron las inversiones realizadas.

Ignacio C. U. fue consejero delegado de Zentyal hasta febrero de 2015, fecha en la que Jorge M. J. fue nombrado para ese cargo y sustituyó al anterior, que quedó como único apoderado en varias cuentas bancarias.

Fue precisamente a partir de febrero de 2015 cuando Jorge M. J. comenzó a contratar a otras mercantiles sin justificación alguna y sin que Zentyal recibiera beneficio o contraprestación alguna, como, según señala la sentencia, muy bien hizo constar en reiteradas ocasiones la acusación particular, a cargo de Javier Rodríguez, del despacho Ariza Abogados.

Así, la firma Locate Real Estate, dedicada a la inversión en el sector inmobiliario y de la que Jorge M. J. era consejero delegado, se le transfirieron 52.090 euros por conceptos tales como ‘depósito organización prestamo Zentyal’ o ‘préstamos a C/P’ y la cuenta de la firma tecnológica se quedó con un saldo de 382 euros. De los 52.090 euros, 23.030 han sido recuperados por la administración concursal, ya que la mercantil tuvo que declarar concurso de acreedores.

Igualmente, entre julio y septiembre de 2015 se transfirieron un total de 77.212 euros a Jirpex Quality Sl. L, una sociedad inmobiliaria sin cuentas presentadas en el registro que cuando se constituyó contaba como administrador único con Ignacio Manuel M. A., un buscador de inversores que figura con cargos en al menos 815 sociedades.

Owlpha-Omega Holdings Limited, otra mercantil buscadora de inversores que tampoco aparece en los libros mayores de Zentyal de 2015, recibió 13.590 euros que no se corresponden con ningún concepto. Alot Technologies S. L., firma de la familia de Ignacio C. U., cobró dos facturas por 10.669 euros de la empresa tecnológica cuando esta estaba prácticamente sin fondos y no podía abonar las nóminas de los trabajadores.

Además, según la sentencia, el trabajo podía haber sido desarrollado con facilidad por los ingenieros de plantilla de Zentyal, por lo que el encargo es considerado fraudulento por los magistrados y el pago, abusivo.

También se constataron pagos por 20.227 euros a una agencia de viajes ajena a la que habitualmente trabajaba con la mercantil por unas vacaciones a de Jorge M. H. Punta Cana (República Dominicana).

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rubén Blasco Obedé, recoge que los acusados son autores de un delito continuado de administración desleal. Aunque negaron los hechos, señala que los encausados estaban en “inmejorables” condiciones de acreditar documentalmente la realidad de las contrataciones y justificar que los pagos tuvieron una contraprestación pero no lo hicieron.

Si bien el tribunal considera que el delito de administración desleal quedó probado en la vista oral, no opina lo mismo de la acusación de descapitalización de la empresa, ya que si recibía subvenciones por dos millones de eurtos, un gasto de 200.000 no pudo ser la causa de la situación de concurso.

La sentencia no es firme y ha sido recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

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