La expropiación de una parcela en Torrero amenaza al Ayuntamiento con otro pago millonario

Una nueva expropiación amenaza con convertirse en una millonaria losa para las arcas municipales. Los propietarios de un terreno en Torrero, junto al Canal Imperial, reclaman desde 2008 los 7,5 millones de euros en los que fijaron la compensación por su parcela, más los intereses generados. El Ayuntamiento de Zaragoza, una vez iniciado el proceso expropiatorio, sospechó que la finca –pese a estar registrada a nombre de los propietarios– en realidad podría ser municipal.

Los tribunales no le han dado la razón, pero el Consistorio se ha negado a continuar con el expediente. Además, ha rechazado el pacto extrajudicial que le ofrecieron los dueños por menos de 800.000 euros, a pesar de que dos informes técnicos municipales así lo recomendaban. El bloqueo de la situación y la insistencia del Ayuntamiento en que el terreno es municipal pueden llevar a sus propietarios a acudir a los tribunales.

La parcela en cuestión tiene 8.810 metros cuadrados, y está ubicada entre la calle Cuarta Avenida, el campo de fútbol José Luis Violeta y el Canal Imperial. Se trata de un terreno que entró dentro del proyecto de acondicionamiento de este cauce a su paso por La Paz, con motivo de la Expo 2008, y que ahora es un parque en el que los pinos dominan el paisaje. El pleno municipal aprobó en septiembre de 2006 la relación de afectados por la expropiación, entre los que se encontraba la familia propietaria, que tenía registrada la parcela en cuestión tanto en el catastro como en el registro de la propiedad.

Entonces se iniciaron los trámites habituales de expropiación, como la autorización otorgada al Ayuntamiento para ocupar anticipadamente la finca y el cálculo de un justiprecio, que los propietarios fijaron en 7.499.657 euros. Pero los servicios municipales, al estudiar su propuesta de compensación, cuestionaron la titularidad de la parcela, ya que estimaron que, en realidad, podría ser municipal. Hablaron de "informes contradictorios" y de "graves dudas", por lo que el Ayuntamiento detuvo el cálculo del justiprecio que tendría que pagar.

Ante esta parálisis, a finales de 2010 la familia afectada presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue estimado parcialmente por el tribunal. El fallo, de diciembre de 2011, ordenó al Ayuntamiento que reactivara el expediente expropiatorio y habló de "indefensión" por parte de los propietarios. Siete meses después, el gobierno de la ciudad (aún del PSOE) aprobó iniciar un procedimiento de investigación sobre la posible titularidad municipal del terreno. Esta decisión fue nuevamente recurrida en los tribunales, que en octubre de 2013 también tumbaron el acuerdo por considerarlo "no ajustado a derecho, nulo y sin efecto".

Sin embargo, el gobierno insistió en abrir el procedimiento para investigar el origen de la finca, y acabó declarando en mayo de 2014 la titularidad del Ayuntamiento, al formar parte la parcela –a su juicio– de una finca municipal denominada ‘Restos Montes de Torrero’. La propiedad volvió una vez más –la tercera– a los tribunales, que en septiembre de 2015 les dieron de nuevo la razón y anularon la decisión del gobierno municipal. Pese a ello, el fallo judicial sí toma en consideración algunos de los argumentos del Ayuntamiento sobre la posible propiedad municipal de los terrenos, aunque no se declara competente para determinarlo.

Un acuerdo fallido

Entonces habían pasado diez años y tres recursos en los tribunales desde que se iniciara el expediente expropiatorio. Los dueños de la finca, cansados de esta situación, plantearon un acuerdo extrajudicial por 785.092 euros, por el cual permitirían el registro de la finca en favor del Ayuntamiento y renunciarían a nuevos litigios.

Dos informes municipales firmados en 2017 y 2018 por la asesoría jurídica y por Urbanismo recomendaron aceptar este acuerdo. Para empezar, por la dificultad que puede encontrar el Consistorio para demostrar en la vía civil que es el legítimo dueño del terreno. Y, además, para evitar que el "resultado impredecible" del pleito acabe condenando a la ciudad a pagar los 7,5 millones que reclama la familia más los intereses de demora, que supondrían otra cantidad multimillonaria.

A pesar de estos dos informes, el gobierno municipal (ahora ya con ZEC) no ha querido firmar el acuerdo ni ha desatascado el expediente expropiatorio. Ante esta parálisis, en noviembre del año pasado los propietarios retiraron su propuesta de acuerdo extrajudicial, casi dos años después de presentarla. Ahora, recuerdan que la última actuación válida del Consistorio con este asunto fue el acuerdo de 2008 en el que les pedía el justiprecio por la parcela, que fijaron en los 7,5 millones. Por eso, y una vez retirada la propuesta de acuerdo, se reservan la posibilidad de iniciar "las acciones legales" que estimen oportunas.

Desde Urbanismo insisten en la propiedad municipal del terreno y se limitan a señalar que la reclamación de la familia propietaria "no es procedente", a pesar de que fue el propio Consistorio quien inició la expropiación.