La relación de Jonathan Witmar B. N. con la justicia no es nueva. En 2015, el guatemalteco fue detenido en su país natal por su relación con la muerte violenta de un hombre. El joven fue juzgado junto a su padre por ese crimen y, aunque ambos resultaron absueltos de los hechos que se les atribuían, la Fiscalía guatemalteca recurrió y el tribunal anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio. Entonces fueron los acusados los que apelaron a la Corte Suprema de Guatemala (una jurisdicción equiparable al Tribunal Supremo), pero su recurso no prosperó.

Fuentes cercanas al caso creen que, precisamente, Jonathan Witmar B. N. podría haber llegado a España para evitar las posibles consecuencias legales de la reapertura de las investigación del asesinato de Tránsito Neftalí Méndez, que tenía 42 años y trabajaba como gerente en una cooperativa de Joyabaj (una ciudad situada a unos 90 kilómetros de la capital del país).

Según la Fiscalía guatemalteca, Tránsito Neftalí Méndez fue asesinado el 27 de marzo de 2015 después de haber asistido a una ceremonia religiosa con el principal sospechoso del crimen de la maleta y otro hombre, identificado como L. F. G. Los tres volvían a casa en el vehículo de la víctima, cuando el sospechoso consiguió quedarse a solas con Tránsito Neftalí Méndez con la excusa de que tenía que contarle algo confidencial.

Ambos fueron a una zona forestal apartada donde, según el escrito de acusación del ministerio público, les estaban esperando un grupo de personas, entre ellas el padre de Jonathan Witmar B. N. Allí, la víctima recibió un golpe contundente en la base del cráneo que le provocó la muerte prácticamente al instante. Después, sus agresores le cercenaron el pene y escondieron su cadáver en una zona boscosa.

"Con el objeto de descartar sospechas" en contra de Jonathan Witmar B. N., de acuerdo con la Fiscalía, los implicados en el crimen ataron de pies y manos al joven en su vivienda y le introdujeron en la boca el miembro amputado a la víctima. El tribunal que juzgó estos hechos consideró que las pruebas de cargo presentadas no acreditaban la participación de los sospechosos y por eso les absolvieron, en contra del criterio del fiscal de Guatemala.