La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a acuerdos con los principales acusados de la trama del caso Plaza. Se reducen las penas a cambio de reconocer los delitos y devolver el dinero. Después de probar que hubo corrupción, la Justicia debe actuar diligentemente para aclarar todas las responsabilidades que se derivan de estas millonarias actuaciones contra el erario.

El juicio por el saqueo de más de 150 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), el mayor proceso judicial por corrupción instruido en Aragón, ha comenzado, después de dos aplazamientos, con el anuncio de un pacto entre la Fiscalía y 20 acusados, incluidos el que fuera gerente, Ricardo García Becerril, y el directivo de Acciona en Aragón José María Jordán. Gracias a reconocer muchos de los cargos, verán reducida las penas de cárcel y algunos ni siquiera serán acusados. Al final, serán cinco los encartados que se quedan fuera de cualquier pacto con la Fiscalía, entre ellos el empresario Agapito Iglesias y Carlos Esco, viceconsejero en el Gobierno de Marcelino Iglesias. La Justicia debe encargarse de depurar todas las responsabilidades para que pueda darse carpetazo por fin a este vergonzoso asunto. De esta manera, la plataforma logística de Zaragoza podrá librarse por fin de la sombra de la duda.

El pacto alcanzado por la Fiscalía confirma, pues, la existencia de unos graves delitos y de un inaceptable descontrol que exigen, además de la acción de la Justicia, explicaciones y disculpas a la ciudadanía por uno de los mayores casos de corrupción que se han conocido en la Comunidad. Que jueces y fiscales hagan su trabajo no exime del deber de rendir cuentas por hechos pasados y de garantizar que se enmiendan actuaciones tan lesivas. A partir de ahí, la plataforma debe seguir desarrollándose como un elemento esencial para el progreso de la capital aragonesa.