Los exalcaldes de Manchones niegan que prevaricaran

"Estoy harto de acabar en los juzgados cada vez que solicitamos algo al Ayuntamiento". En estos términos se expresó este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza el vecino de Manchones que, junto a su hermano, ha denunciado por prevaricación a los dos exalcaldes del PAR, a un exteniente de alcaldía y al secretario municipal.

Los querellantes, que son ganaderos y agricultores, sostienen que los acusados, por "envidia" y "enemistad", impidieron que en 2010, 2011 y 2013 se les adjudicaran lotes del monte comunal del pueblo del Campo de Daroca a pesar de que, según ellos, cumplían con los requisitos. Jesús Pardillos, alcalde de Manchones cuando se registraron las peticiones, defendió que no se les concedieron las tierras de labor porque no había lotes disponibles en el momento de las peticiones y porque los hermanos no estaban casados, una de las condiciones para ser adjudicatario.

En este sentido, la acusación particular, ejercida por el abogado Miguel Lanaspa en nombre de los hermanos, aportó testigos que declararon que habían tenido a su nombre lotes de tierras, pese a que en varios casos que no cumplían los requisitos.

"Me sorprendió que me pidieran lotes cuando ellos ya labraban al menos seis, el que estaba a nombre de su padre, y los de otros vecinos fallecidos o jubilados", señaló Jesús Pardillos, que desde 2014 está inhabilitado por un delito continuado de prevaricación.

Este acusado –así como Francisco Pardillos, que es sobrino del primero y fue concejal y luego alcalde, y Florentín Hernández, teniente de alcalde durante los hechos–, negaron ante la jueza que prevaricaran cuando no cursaron las peticiones de los querellantes que, por silencio administrativo, se consideraron denegadas.

Mientras, Javier Ayala, el secretario municipal, apuntó que él no tomó ninguna decisión respecto de la adjudicación del monte comunal porque entre sus funciones no está resolver expedientes: tan solo traslada solicitudes al alcalde y al pleno, sobre los que pesa la capacidad de decisión. El secretario también fue acusado de prevaricación en 2014 por los mismos denunciantes, y fue absuelto.

Las defensas piden la absolución

"El Ayuntamiento de Manchones impide el cumplimiento de la legalidad", aseveró el abogado Miguel Lanaspa, que interesó penas que oscilan entre ocho y diez años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Lanaspa, durante su informe final, refirió que sus clientes tienen "un cansancio importante por luchar contra la paralización que impone el Ayuntamiento". El abogado de la acusación abundó que la decisión de concederles los lotes a sus clientes fue "arbitraria" y, opinó, obedece a una suerte de "caciquismo municipal", deudor de épocas pasadas.

Por su parte, las defensas, a cargo de los letrados Santiago Palazón, José Manuel Marraco y Jorge Toquero, exigieron la libre absolución y la condena en costas a los denunciantes. Los tres abogados defensores coincidieron en señalar que los querellantes tenían que haber acudido al orden contencioso administrativo, y no al penal, cuando se les denegaron los lotes.

"Si cada vez que una Administración pública no contesta a sus administrados este acude a los tribunales de lo penal, mal futuro le auguro a este orden jurisdiccional", señaló Palazón, quien rechazó la legalidad de unos documentos de 1986 que recogían las normas para adjudicar los lotes del monte comunal, un texto en el que se apararon los denunciantes para armar la querella. "(Estos documentos) no son unas ordenanzas", aseveró el abogado del excalde Jesús Pardillos.

Por su parte, el letrado Jorge Toquero, que defiende a Francisco Pardillos y a Florentín Hernández, indicó que en este caso no hay resolución contra la que ir ni se ha demostrado la participación de sus representados y el resto de acusados en los hechos que se les imputan. "Se ha estado retorciendo el Derecho para llegar hasta aquí", dijo Toquero, quien añadió: "La finalidad de esta querella es mantenerla hasta el final, contra viento y marea, a la catalana".

José Manuel Marraco, que dirige la defensa de Javier Ayala, incidió en la ausencia de una resolución "injusta y arbirtraria", como recoge el artículo del Código Penal que hace referencia a la prevaricación, y apuntó que bajo su punto de vista en este caso se está haciendo un uso "torticero" de la vía penal. "Se está criminalizando la vida cotidiana", valoró, a la par que dijo que este procedimiento "era la causa general Manchones II", en clara referencia a la causa que enjuició la Audiencia Provincial de Zaragoza en 2014.

Por su parte, la Fiscalía, que no ha presentado acusación, explicó que considera que en torno al monte comunal de Manchones se han producido "irregularidades", aunque en ningún caso han sido constitutivas de delito, por ello interesó la absolución de los cuatro acusados.