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Sucesos

Detenidos dos administradores de una sociedad de gestión inmobiliaria por apropiación indebida

Llegaron a adquirir una deuda de más de 1.200.000 euros, desconocida por los comuneros. 

Actualizada 14/11/2018 a las 12:58
Una agente de la Policía Nacional.Rafael Gobantes

La Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas responsables de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Los arrestados son los administradores de una sociedad que gestionaba diversas cooperativas y comunidades de bienes para la promoción de viviendas en nuestra ciudad.

En el año 2008 una sociedad gestora comenzó a captar clientes para la constitución de una comunidad de bienes con el fin de llevar a cabo una promoción inmobiliaria en un barrio de Zaragoza.

Para ello, los dos investigados (de 68 y 62 años de edad) se arrogaron, como administradores de la comunidad de bienes, amplísimos poderes que los facultaban para todo tipo de gestiones con este fin, dando inicio a la promoción de dos edificios.

Atraídas por los competitivos precios publicitados por la gestora, más de 100 familias confiaron sus ahorros a la gestión de la señalada sociedad con la esperanza de conseguir una vivienda.

La sociedad gestora negoció los préstamos necesarios con las entidades bancarias, y contrató a las empresas de construcción, que fueron quebrando unas tras otras, hasta que, en el año 2013, se finaliza la construcción de los dos edificios y se procede a la disolución de la comunidad en el convencimiento por parte de los comuneros de que la misma carece de deudas y que cada uno de ellos tiene que hacer frente únicamente a las subrogaciones hipotecarias que les corresponden.

Una deuda desconocida de más de 1,2 millón de euros

Según explica la Policía Nacional, la situación real fue muy diferente y los comuneros se encontraron con la desagradable sorpresa de que la Junta de Compensación reclama a la comunidad de bienes una deuda de 563.857,67 euros, y que una entidad bancaria reclama el impago de pagarés por importe de 683.412,85 euros. 

En total se encuentra la comunidad con una deuda de 1.247.269,52 euros, deuda que se reclama solidariamente a los comuneros, que desconocían por completo la existencia de la misma.

Los miembros de la citada comunidad de bienes, ante la precaria situación económica que las señaladas reclamaciones les dejaban, presentan dos denuncias ante la Policía Nacional, una por cada uno de los inmuebles construidos, en las que plasman sus sospechas de que la empresa gestora de la comunidad podría haberse apoderado de fondos de la misma para su propio beneficio, lo que habría provocado los impagos ahora reclamados.

Las citadas denuncias dieron lugar a la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número seis de los de Zaragoza y a una investigación por parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía.

Tras el estudio de la voluminosa documentación recabada, la Policía Nacional determinó que la empresa gestora se había arrogado unilateralmente mediante escrituras públicas unos honorarios del 10% sobre cuantas cantidades integrasen el importe de la ejecución, así como sobre el precio de la finca a adquirir.

No obstante, y pese a alcanzar estos porcentajes unos importes de cerca de tres millones de euros, las cantidades que finalmente se adjudicaron fueron superiores. Por otra parte la citada sociedad gestora se adjudicó a su nombre departamentos de los inmuebles en construcción por valor de unos dos millones de euros.

Igualmente la sociedad gestora impidió en todo momento el acceso a los comuneros a la información directa de las cuentas, limitando el derecho de información al envío de liquidaciones sin más detalle ni justificación, pese a que los comuneros exigieron a la gestora la convocatoria de Asambleas y juntas generales mediante requerimiento notarial que no fue atendido.

Se produjeron devoluciones tributarias de un millón de euros que debían de haber redundado en el patrimonio de la comunidad de bienes y que, en lugar de ello, se destinaron a las necesidades de la propia sociedad gestora en lugar de las de la comunidad por las que debía velar.

Así, con posterioridad a la disolución de la comunidad y por parte de la sociedad gestora, se produjo la retirada de los fondos de un aval por valor de 510.000 euros que debía destinarse a hacer frente a los pagos a la Junta de compensación y que en lugar de ello se destinó a necesidades de la sociedad gestora. Posteriormente la citada Junta de compensación reclamaría una deuda de 563.857,67 euros a la comunidad de bienes.

Los agentes han detectado igualmente importantes cargos en las cuentas de la comunidad, de las que era apoderada la sociedad gestora, que son destinados a rehabilitaciones de inmuebles distintos a la propia comunidad o a otras comunidades de bienes gestionadas por los señalados gestores.

Nunca se liquidó correctamente la comunidad por parte de los gestores ni se rindieron cuentas detalladas a los comuneros en asamblea o junta alguna, no teniendo acceso los comuneros a las cuentas ni al resto de documentación relativa a la comunidad de la que formaban parte.

Como consecuencia de todo esto, unas cien familias se encuentran abocadas a la reclamación de importantes deudas, que debieron ser satisfechas a través de los fondos de la comunidad que se dilapidaron en parte en operaciones indebidas por parte de la gestora y en sus abultadísimos y auto atribuidos honorarios.





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