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Zaragoza

Azcón exige la "dimisión inmediata" de la concejal Elena Giner al ser investigada por prevaricación

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza asegura que estudiarán una posible personación de su partido en las diligencias penales abiertas contra la concejal de ZEC y el  jefe de la Sección Técnica de Obras del Servicio de Distritos del área de Participación.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón.
Jorge Azcón durante la rueda de prensa
Heraldo

El portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido ya la "dimisión inmediata" de la concejal de Participación Ciudadana, Elena Giner, como consecuencia de la apertura diligencias penales contra ella por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de carpas portátiles para la celebración de fiestas en los barrio rurales.

Como adelanta hoy HERALDO, la edil de ZEC ha sido citada por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital aragonesa para comparecer en calidad de investigada por estos hechos. Por ellos tendrá que declarar también Fernando Z. jefe de la Sección Técnica de Obras del Servicio de Distritos del área de Participación.

“Hoy vamos a comprobar el material del que está hecho el código ético de Podemos Aragón”, ha manifestado Azcón, quien ha pedido también al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que exija a Giner su marcha. “Esta concejal está imputada por delitos de corrupción. Son las normas que ellos mismos se fijaron y la forma de proceder que nos reclaman a los demás”, ha insistido.

De los hechos por los que ahora se investiga judicialmente a la concejal de ZEC y al funcionario municipal informó el propio Grupo Municipal Popular a la Fiscalía Provincial de Zaragoza, ante la que denunció la tramitación como ‘gastos menores’ de hasta 64 contrataciones de carpas festivas a un solo empresario por un importe de 174.746 euros. Con la documentación aportada por los populares el pasado mes de julio, la Fiscalía abrió unas diligencias informativas. Y al hallar indicios de que se podrían estar troceando los contratos para eludir el control de la Intervención municipal (que exige que para importes superiores a 18.000 euros se saque a concurso público), la acusación pública envió el asunto a los juzgados. Y es ahora la jueza Nicolasa García la que los investiga.

Según Jorge Azcón, el juzgado de instrucción todavía no les ha hecho un ofrecimiento de acciones para ver si quieren personarse en la causa penal. “Hasta el momento no tengo noticias de nuestro abogado, pero será una posibilidad que tendremos que estudiar”, ha señalado. Preguntado por qué decidieron acudir a la Fiscalía en lugar de denunciar directamente los hechos en el juzgado de guardia, ha asegurado que así se lo recomendó su letrado. “Así lo hizo también el alcalde Pedro Santisteve cuando denunció posibles irregularidades en Ecociudad, solo que aquel caso se desestimó”, ha apostillado.

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