Este jueves se cumplen dos años de la muerte de Jacob, un pequeño yorkshire que falleció precipitadamente debido a una negligencia veterinaria. Así lo dice una sentencia que el pasado mes de mayo dio la razón a su dueña, la aragonesa Susana Belloso. “Mi meta durante este tiempo era ganar el juicio demostrando lo ocurrido y así poder advertir a los propietarios de mascotas para que no les pase lo mismo que a mi perro. Quiero tener la conciencia tranquila sabiendo que he podido salvar la vida de otros perros”, relata.

La pesadilla de Belloso se remonta a julio de 2016. Entonces Jacob tenía 13 años y, aunque ya era un can de edad avanzada, aún le quedaba vida por delante. “Al menos dos años”, explica su dueña. Hasta aquel momento siempre habían acudido, cuando era necesario, a una clínica veterinaria ubicada en Utebo.

En ese centro fue donde le hicieron unas primeras pruebas a Jacob y le diagnosticaron un problema de corazón -endocardiosis mitral de grado B2-C-. “No me quedé tranquila y decidí visitar a otro veterinario para pedir una segunda opinión. Me hablaron de uno en Cuarte y allí acudimos. Le hicieron las mismas pruebas, se supone, aunque encontraron un nuevo trastorno: la enfermedad de Cushing, relacionada con los riñones. Para tratarla, el veterinario recetó un medicamento específico para esa dolencia”, cuenta.

Pero pronto el tratamiento empezó a ir mal. A la segunda pastilla, Jacob comenzó a sangrar por la nariz. “Por la noche lo llevé a un centro de urgencias de Zaragoza, le hicieron análisis y a la mañana siguiente me dijeron que debía permanecer ingresado. Posteriormente, volví a la clínica de Utebo y allí me dijeron que mi perro no tenía esa enfermedad y que a consecuencia de sus problemas de corazón padecía una insuficiencia renal de grado 3”, añade.

Belloso no tiró la toalla y llevó a su perro a un hospital veterinario de Barcelona, donde estuvo ingresado en la UCI durante cinco días. Pero finalmente, Jacob falleció el 25 de octubre de 2016. “Los veterinarios me informaron allí de que el prospecto del medicamento contraindica su uso en animales con insuficiencia renal porque puede provocar la muerte. No tenía esa enfermedad, para cuyo diagnóstico es preciso realizar tres pruebas. Pero solo le hicieron una ecografía cuyas mediciones fueron, además, erróneas”, afirma.

Sin explicaciones

Tras la muerte de Jacob, Belloso decidió llevar a juicio a la clínica de Cuarte y denunciarla en el Colegio de Veterinarios de Zaragoza. “Tomé esta decisión para que no ocurriera lo mismo con otros perros. Si hubiera recibido una explicación, una disculpa, ni siquiera me habría planteado denunciar porque entiendo que cualquiera se puede equivocar. Pero nada. Así que por una mala praxis veterinaria perdí a lo que más he querido en mi vida”, lamenta.

Ir a juicio no fue tarea fácil, ya que en Zaragoza “no hay abogados animalistas y en el resto de España se encuentran muy pocos especializados en casos así”, dice. Por eso se le ocurrió la idea de escribir a la presidenta del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) y esta le puso en contacto con su abogada, que aceptó representarla en la causa.

Como no podía hacer frente a los costes del proceso recurrió a su seguro de hogar: “No todo el mundo sabe que en una situación así la cobertura también incluye a los animales de compañía, así que la aseguradora corrió con los gastos y no tuve que pagar nada del juicio”, indica.

El fallo de la sentencia dictada en mayo de 2018 condenó al veterinario de la clínica de Cuarte a indemnizar solidariamente a la demandante en la suma de 3.872,38 euros que comprenden los gastos veterinarios posteriores a la consulta en el centro demandado y los ocasionados por el ingreso de Jacob en Barcelona, el valor estimado del animal fallecido y una cantidad ponderada según “el especial afecto que sentía la propietaria por su perro, el impacto emocional sufrido y la edad de Jacob”, según recoge esta resolución.

“Muchas personas no saben que se puede denunciar, que es difícil demostrarlo, pero no imposible”, subraya. Además, Belloso puso en conocimiento el caso ante el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, cuya junta de gobierno acordó la imposición de un apercibimiento escrito al colegiado veterinario demandado.

Desde esta organización “se vela tanto por la buena praxis como por la defensa del consumidor en todos los ámbitos de la profesión veterinaria. Cuando se pone en conocimiento un caso de negligencia se abre expediente informativo y, si hay culpa por parte del veterinario, el expediente pasa a ser sancionador. Se propone una sanción que consiste, primero, en una amonestación y puede llegar posteriormente a la suspensión como colegiado durante un tiempo, o de manera definitiva si fuera reincidente o un caso muy grave”, explica Luis Javier Yus, gerente del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza.

“Los estatutos del colegio no contemplan sanciones económicas y evidentemente no tiene potestad legal para obligar a un colegiado a que abone el importe que solicita un usuario en una demanda, pero siempre tiene la vía civil o penal abiertas para denunciar”, explica.

El gerente de esta organización señala que “por regla general existe una cierta incomprensión por parte del ciudadano, que es totalmente legítima y entendible y sucede tanto con los médicos, como con los veterinarios o los abogados. No tenemos obligación de un resultado final óptimo porque no solo depende de nosotros sino de muchos factores, aunque sí debemos procurar hacer todo lo posible por realizar bien nuestro trabajo. Pero por desgracia, como todos los profesionales no son infalibles hay situaciones en las que se puede errar”.

Yus también destaca que “no es lo mismo un error o una mala praxis que la actuación a conciencia por parte de un profesional a sabiendas de que hace algo mal -procedimientos administrativos, falsedad documental…-. Cuando esto es así, es el propio colegio el que denuncia”.