El interventor exige que Zaragoza deje de prestar el servicio de autobús a Utebo

Sostiene que la capital soporta en exclusiva los costes del convenio de transporte desde que se firmó en 1989. ZEC desoye al órgano de fiscalización municipal y decide mantener la parada.

A la derecha, uno de los autobuses de la línea que enlaza Monzalbarba, Alfocea y Utebo.
A la derecha, uno de los autobuses de la línea que enlaza Monzalbarba, Alfocea y Utebo.
Oliver Duch

El interventor general del Ayuntamiento de Zaragoza acaba de emitir un informe que sostiene que la ciudad debe dejar de dar servicio de transporte público a Utebo. El motivo se encuentra "en los reiterados incumplimientos" del municipio zaragozano a la hora de hacer sus aportaciones económicas a la capital para sufragar el convenio por el que se presta el servicio. Según el máximo responsable de la fiscalización económica municipal, la ciudad soporta "en su integridad" los costes desde 1989.

Este informe, que lleva fecha 23 de febrero, se emite con motivo de la prórroga del convenio con la empresa Ágreda, que presta el servicio de transporte de la línea que conecta Monzalbarba, Alfocea y Utebo con la capital. Ese convenio se firmó en 2012 y expiró el pasado diciembre. El coste para 2018 es de 560.000 euros y ZEC lo ha aprobado pese a los reparos legales.

El interventor recuerda que en virtud de un acuerdo de 1989 a Utebo le correspondía el 25% del la subvención de esa línea. Dice que en la actualidad existen varias reclamaciones abiertas por parte de Zaragoza al Ayuntamiento de Utebo por los importes de 2013, 2014, 2015 y 2016. Pero en cualquier caso indica que después de acudir al servicio de Contabilidad se confirma que no ha habido "ningún ingreso" por parte de Utebo desde 1989.

"Subvención indebida"

Considera que para mantener la línea a Monzalbarba y Alfocea "es presupuesto necesario excluir" a Utebo, "habida cuenta de los reiterados incumplimientos por parte del mismo de la aportación económica que anualmente soporta en su integridad el Ayuntamiento de Zaragoza desde 1989". Según el interventor, la capital está subvencionando a Utebo "de forma indebida".

Ante esto, la Asesoría Jurídica municipal, que depende de Alcaldía, emitió un informe en el que dice que "es ciertamente delicada la decisión de supresión de un servicio de transporte". Defiende que se ponderen "los logros que podrían ser obtenidos y los inconvenientes que pudieran ser causados (en sustancia, a la ciudadanía)". A juicio del letrado consistorial, "convendría no precipitar la decisión sobre evitar el transporte" con Utebo.

Por otro lado, recuerda otra cuestión: que el conflicto entre Zaragoza y Utebo está en estos momentos en los tribunales. En opinión de la Asesoría Jurídica, "no sobraría conocer la decisión judicial" por lo que defiende que por ahora se continúe con la prestación del servicio.

Este contencioso lo inició el Ayuntamiento de Utebo contra la liquidación del año 2012. Según figura en una respuesta escrita al grupo del PP, "Utebo alegó que nunca habían llegado a suscribir el convenio por el cual se les exigía el pago del 25% de la subvención al déficit de la línea". Indica que el gobierno de Zaragoza prorrogó el servicio de transporte tanto en la línea de Mozalbarba como la de Casetas el 13 de abril. "El acuerdo para seguir prestando el servicio es de carácter temporal, hasta que se adopte decisión municipal al respecto".

Acuerdo con el consorcio

El alcalde de Utebo, el socialista Miguel Dalmau, no quiso adelantar información sobre el proceso judicial y recordó que su ayuntamiento "también tiene informes del interventor". Recordó que el jueves, en la reunión del Consorcio de Transportes se aprobó un nuevo borrador de convenio con Utebo y que es el organismo metropolitano el que asume las líneas y regula las cuotas. Recordó que la línea es responsabilidad de la DGA, por ser la administración competente. Por eso, garantizó la continuidad del servicio.

Fuentes municipales indicaron que el problema con Utebo no es nuevo y que se están buscando fórmulas para solucionarlo. Pero siempre bajo la premisa de seguir prestando el servicio, pese a la posición del interventor y a que la deuda sigue creciendo.

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