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Zaragoza

El derribo de un aljibe aviva el conflicto por el agua en Peñaflor

El propietario del depósito subterráneo, donde un camión cayó en 2015, se ha visto obligado a derruirlo para no hacer frente a una multa de 40.000 euros.

El aljibe del Camino de la Perdiguera en el que cayó el camión
El aljibe del Camino de la Perdiguera en el que cayó el camión
Loli López

En las afueras de Peñaflor hay multitud de edificaciones unifamiliares que son en su mayoría, tal y como apunta el Ayuntamiento del barrio rural, “de carácter ilegal”. Actualmente son utilizadas como viviendas, pero hace ya 50 años fueron levantadas como casetas para aperos de labranza o lugares de fin de semana. Carecen de redes de agua, por lo que sus residentes se las tienen que ingeniar para captarla de pozos o aljibes. Hasta el año 2015, un camión cisterna del Ayuntamiento de Zaragoza se desplazaba para abastecer a la zona, pero aquel verano se produjo un accidente que fue el detonante que hizo estallar el conflicto por el agua en el barrio.

El camión se dirigía a llenar los depósitos de las viviendas unifamiliares y cayó en un aljibe perteneciente a una propiedad privada ubicado en el camino de Perdiguera. El conductor salió ileso, pero el vehículo acabó siniestrado y el Ayuntamiento perdió uno de los dos camiones cisterna de los que disponía. Fuentes municipales recuerdan que “hasta ese momento ya se habían acumulado varios problemas con el tema del suministro de agua” y que a raíz del percance “se replanteó la situación y se decidió cortar el suministro gratuito, porque además el Ayuntamiento no disponía de recursos suficientes para dar abasto a la demanda”.

Peñaflor no fue el único barrio afectado. En Montañana también ha habido movilizaciones al respecto, pero en el Consistorio argumentan que aunque “hubo un momento en el que se decidió que esos ciudadanos quedaran eximidos de la tasa, no tenían un derecho adquirido”.  De este modo, entienden el malestar actual de los vecinos porque “llevaban años beneficiándose de manera gratuita”, pero remarcan que ahora tendrán que contratar un servicio externo que les suministre agua a sus aljibes.

Loli López es una de las residentes en Peñaflor afectadas. Lleva 40 años viviendo en el barrio y ahora “me he quedado completamente sin agua”. A la ausencia de camiones cisterna se suma el reciente derribo del aljibe en el que se produjo el accidente en 2015 y del que ella se abastecía. “El aljibe pertenecía a un particular y el Ayuntamiento le amenazó diciendo que si no lo derribaba tendría que hacer frente a una multa de 40.000 euros, por lo que no le ha quedado otra”, indica la vecina.

López lamenta que esta situación haya llegado a raíz de un siniestro “que de ninguna manera se hubiera producido si el conductor no se hubiera metido por un camino privado. Además, seguro que si el camión no llega a ser del Ayuntamiento aquí no hubiera pasado nada”. Actualmente, la vecina de Peñaflor subsiste llenando con una bomba dos depósitos gracias al agua que le ceden otros residentes de la zona. “Lavamos lo justo, a ducharme bajo a casa de mi hija de Zaragoza, pero esta situación terminará siendo insostenible”, dice López.

En el Ayuntamiento de Peñaflor señalan que si se ha procedido al derribo del aljibe “ha sido por cuestiones legales y de seguridad”, y López cuenta que cuando se ha dirigido al Consistorio a pedir soluciones le han dicho que “me tengo que buscar la vida, que me construya un pozo, pero ¿quién me da ese dinero para construirlo? Con mi sueldo es complicado”.

Los vecinos reclaman tener el mismo derecho que hace 50 años cuando comenzaron a vivir en el barrio rural y algunos plantean abastecerse con el riego municipal, asumiendo que “tendremos que pagar lo estimado”, pero desde el Ayuntamiento ven algo “complicado” que la solución sea favorecerse del suministro de agua público de Peñaflor, ya que “llevar el agua de la tubería general a la particular tiene un coste muy elevado y habría que ver si las viviendas que lo solicitan son legales o ilegales”.

En el Ayuntamiento de Peñaflor dicen no tener contabilizado el número actual de edificaciones ilegales, pero apuntan que “hoy en día el asunto sí está muy controlado y la inspección urbanística sanciona si se realiza una construcción indebida”. El proceso de legalización conlleva un desembolso “de mucho dinero” para hacer viales o instalar el suministro de agua y de vertidos, y fuentes municipales aseguran que en Peñaflor “mucha gente no dispone de los recursos económicos suficientes para hacer frente a esas cantidades”.

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