Sin embargo, aún van a tener que superar varias dificultades para conseguirlo, ya que los intentos de legalización se han encontrado con varios problemas: uno de los principales es el desencuentro que existe entre los vecinos de las urbanizaciones, que no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia o no de seguir adelante; además, muchos no están dispuestos o no pueden asumir los costes que tiene la urbanización del suelo, algo necesario para legalizar las viviendas; y por último, la lentitud de los trámites administrativos ha acabado con la paciencia de algunos propietarios.

En 2005, el Ayuntamiento denominó ‘zonas k’ a las urbanizaciones que consideraba que podrían aspirar a la legalización, por cumplir con una serie de requisitos –cercanía con otros núcleos urbanos, anchura de las calles...–. Se trata de Conde Fuentes y Joaquín Costa (Garrapinillos), El Regao y Los Guarales (Peñaflor) y la calle Geranio (Fuente de la Junquera). Todas tienen aprobado el plan especial, uno de los primeros trámites necesarios. En el caso de la calle Geranio los 30 propietarios renunciaron por motivos económicos y de momento solo Conde Fuentes y El Regao han avanzado y han logrado aproximarse al final del proceso.

Ambas presentaron el proyecto de reparcelación, que está por aprobar. Tampoco tienen el proyecto de urbanización definitivo. Urbanismo pactó con los propietarios establecer un sistema de cooperación, por el cual el Ayuntamiento –a través de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza– asumía la gestión de las obras, siempre y cuando los propietarios afrontaran y garantizaran los costes que tiene. Según apuntaron diversas fuentes, se pactó este sistema para que el Consistorio pudiera forzar el pago, incluso mediante embargos, de los vecinos que previsiblemente se opondrán al proyecto.

Una de las claves será saber cuánto tendrá que poner cada propietario. En el caso de Conde Fuentes, el proyecto cifra el coste de la urbanización en 8,3 millones de euros. Sin embargo, puede subir hasta los 12 millones si se incluye el soterramiento de las líneas de alta tensión, la instalación del gas y el 10% del aprovechamiento urbanístico que hay que ceder al Ayuntamiento. La factura se tendrá que repartir entre los 372 propietarios. El recibo medio rondaría, por tanto, los 30.000 euros, aunque dependerá de las ofertas que se consigan de las constructoras y del tamaño de la finca. Una asociación administrativa está llevando los trámites, aunque no todos los vecinos de la urbanización son miembros ni acuden a las reuniones, por lo que no participan en la toma de decisiones. Algunos critican que los costes de urbanización "se han triplicado"durante el proceso, y reclaman que se haga una votación entre todos los propietarios para ver quiénes quieren (y pueden) afrontar el proyecto. Desde la asociación, por su parte, defienden que "en las votaciones siempre se decide continuar", y admite que puede haber problemas "si hay vecinos que no ponen el dinero"