El Rollo y el ruido

Zaragoza, ciudad de problemas cíclicos, vuelve a tener que vérselas con el del ruido. Jorge Azcón se reunió la semana pasada con la Asociación de Vecinos La Huerva, pionera nacional en la defensa del derecho de los ciudadanos al descanso, con trayectoria de grandes éxitos judiciales a sus espaldas, y el Ayuntamiento toma nota de que el resurgir de los nuevos viejos bares del Rollo trae nuevos viejos problemas a los vecinos de la zona. Para consuelo y ánimo de esos vecinos debemos decir que el marco legal, la evolución jurisprudencial y la comprensión social han evolucionado mucho desde que esta zona de Zaragoza ocasionara los gravísimos problemas que causó a finales de los años ochenta y durante los noventa.

Tanto la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo como la llamada jurisprudencia menor, la que emana de nuestros Juzgados, han seguido reiteradamente la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que encuadra la protección frente al ruido en el ámbito de la tutela judicial civil de los derechos fundamentales, sin perjuicio de que también quepa dicha protección al amparo de la legislación civil ordinaria. María Elósegui, nuestra flamante primera jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tendrá ocasión de enjuiciar cómo, con arreglo a la doctrina de dicho Tribunal, las inmisiones pueden llegar incluso a vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad. Por eso, para reaccionar contra el ruido una de las vías posibles es la de la tutela de los derechos fundamentales. El Tribunal Supremo viene combinando el derecho fundamental a la intimidad, como «derecho a ser dejado en paz», en base a los artículos 590, 1902 y 1908 del Código Civil.

Los ciudadanos tenemos todo el derecho al respeto de nuestros domicilios y, tal y como conciben los tribunales, nuestras casas no son meros espacios físicos donde poner un cepillo de dientes y una cama, sino que llevan aparejado el derecho a disfrutar de ellas con total tranquilidad. Por lo tanto, las administraciones locales, y en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, deben tener como prioridad garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística para la apertura de los locales de ocio, establecer y hacer cumplir sanciones severas para quienes incumplan dicha normativa y vigilar por su estricto cumplimiento. En este sentido la evolución ha sido también muy positiva, pero faltan aspectos en los que todavía se puede avanzar.

Los expedientes por los que se denuncian graves daños por ruido se inician mayoritariamente a instancia de los vecinos perjudicados, y por lo tanto falta un mayor celo de los ayuntamientos para actuar de oficio. Normalmente los municipios designan pocos recursos a sus policías locales para frenar estas agresiones. Como consecuencia de la limitación de recursos, los propietarios de los bares incumplidores –cabe indicar que la inmensa mayoría de los dueños de bares son empresarios que cumplen con honestidad con sus obligaciones legales, ojo– pueden jugar al ratón y al gato, subiendo y bajando la música en función de la presencia policial. Hay que agilizar el procedimiento administrativo de este tipo de expedientes, al afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos. Incrementar las multas, tal y como se plantea el concejal de Urbanismo, es también una medida necesaria que debe ir aparejada a una mayor rapidez y eficacia ejecutiva en la resolución de los expedientes.

La eficacia de los ayuntamientos con respecto al grave problema del ruido se prueba con la necesidad o no de que los ciudadanos tengan que solicitar el auxilio judicial. Una buena gestión municipal del problema evitará que los ciudadanos tengan que pasar por un proceso judicial. La buena noticia es que parece que hay consenso político para no permitir que el Rollo sea de nuevo la pesadilla que fue en los noventa.