El exalcalde de Mallén, Antonio Asín (PSOE), y el exsecretario de la sociedad urbanística municipal de la localidad, Pedro Rueda, serán juzgados en la Audiencia Provincial de Zaragoza el próximo 18 de septiembre por un presunto delito de falsedad en las actas de las juntas de la Sociedad Urbanística Municipal de Mallén (SUMM) en las que se aprobaron las cuentas de los años 2007 a 2011.

La acusación particular, ejercida por el abogado José María Viladés en nombre de dos concejales del PP de Mallén, mantiene que Antonio Asín y Pedro Rueda emitieron unas certificaciones de las mencionadas juntas en las que reflejaron situaciones distintas a las que realmente se produjeron.

También asegura que las cuentas de esos años se aprobaron por unanimidad cuando, según los concejales Marta Pardo y Jaime Beltrán (PP), en algunas (las de 2007, 2008 y 2011) no llegaron a ser convocados y, por lo tanto, no votaron. En la junta sobre las cuentas de 2009 se abstuvieron y en la de 2010 votaron en contra. A pesar de ello, todas fueron inscritas en el Registro Mercantil como aprobadas de forma unánime.

El fiscal solicita dos años

Por estos hechos, el fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión por un delito continuado de falsedad documental mercantil cometido por particulares. Sin embargo, la acusación particular, además de atribuirles cinco delitos de falsedad y solicitar 15 años de cárcel para cada uno de los encausados, entiende que actuaron en condición de funcionarios públicos.

Por su parte, el abogado defensor de ambos, Enrique Trebolle, considera que no han cometido ningún delito y que se trata de "errores" y "malentendidos" sin intencionalidad en el orden penal, por lo que solicita su absolución.

Cuando Asín y Rueda declararon ante el juez en la fase de instrucción, explicaron que si bien era cierto que las juntas no se celebraron en las fechas que se reflejaron en el registro, se hicieron más tarde y las cuentas se aprobaron. Justificaron que, ante su falta de conocimientos jurídicos y contables para llevar las cuentas de la sociedad urbanística, contrataron a una gestoría y que esta, para velar por los plazos de presentación en el registro, tiene unos "formularios de certificados" en los que figuran las fechas en las que presuntamente se celebran las juntas de las sociedades y que automáticamente los presentan cada 30 de junio. Ese automatismo fue el que alegaron para explicar por qué se decía que los acuerdos se habían adoptado por "unanimidad", cuando, en realidad, lo fueron por "mayoría". Admitieron que firmaron todas las actas porque la gestoría se las daban para que no venciera el plazo.

Por su parte, el gestor de Carsam Asesores S. L., despacho que tramitó las certificaciones de las cuentas para enviarlas después al Registro Mercantil, testificó en su día que su empresa lleva las cuentas de más de 90 sociedades y que solían ir "muy apurados" con los plazos. Según el gestor, se trata de empresas de "carácter familiar" o con "pocos socios" en las que "lo más frecuente" es que se apruebe todo por unanimidad. De ahí, dijo, que se utilicen certificaciones tipo, las cuales envió a la SUMM para que las firmaran tanto su presidente como el secretario.

Antonio Asín fue condenado en 2014 a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa que cometió al autorizar el pago de dos facturas por importe de 35.554 euros sin mediar expediente de contratación.