El Ayuntamiento de Zaragoza va a estudiar si reclama a la sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza los casi 28,8 millones que, según una auditoría externa, las administraciones públicas pagaron de más por la obra de la línea 1. Aunque este documento –según fuentes municipales– sigue sin aclarar cuánto costó exactamente el proyecto tranviario, sí establece a cuánto debió ascender la subvención que pactaron aportar, a partes iguales, el Consistorio de la capital aragonesa y el Gobierno de Aragón –aunque el Ayuntamiento de momento ha tenido que poner parte del dinero que le correspondía al Ejecutivo autonómico–.

El gobierno municipal explicó ayer las conclusiones de la auditoría, elaborada por la empresa Moore Stephens. Siempre según las explicaciones del concejal de Economía, Fernando Rivarés, el documento concluye que las administraciones debieron aportar a la obra 99,9 millones de euros, en lugar de los 128,7 que han acabado pagado. Esto es así porque, a juicio de los auditores, los gastos de la línea 1 subvencionables –es decir, los que podían contar con aportación de dinero público– fueron de 310.508.200 euros, y no 400 millones.

Sin embargo, las administraciones acabaron subvencionando gastos que, según la auditoría, no tuvieron que entrar en la cifra global de costes de la obra. Se trata, fundamentalmente, del IVA del proyecto (42 millones de euros), de la reserva financiera para la reposición de equipos y material a lo largo de la explotación del servicio (21 millones), de la reserva financiera exigida por las entidades bancarias para que la empresa pagara la deuda contraída (10 millones) y los excesos de gastos sobre los importes fijados en el pliego (3,9 millones).

Los auditores excluyen estas cantidades por no considerarlas gastos de inversión. En el caso de las reservas financieras, las consideran "desembolsos iniciales necesarios para la viabilidad del proyecto", pero añaden que "no atienden a la definición de inversión inicial". Al quedarse fuera estas cifras millonarias, los auditores creen que se ha producido un "desequilibrio económico en favor de las administraciones de 28.793.980 euros", según comunicó ayer el Ayuntamiento.

Ahora está por ver qué consecuencias va a tener esta auditoría, que cambia la visión que hasta ahora tenía el Consistorio sobre sus obligaciones –y las de la DGA– con respecto al proyecto tranviario. Ayer, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, no concretó qué medidas va a adoptar, a la espera de que el gobierno valore el viernes el contenido de este estudio económico y de que se elaboren los informes jurídicos correspondientes. Eso sí, dejó todas las opciones abiertas. "No descartamos nada", dijo el edil de ZEC cuando se le preguntó si piensan exigir a Los Tranvías que devuelva la cuantía de la subvención que recibió supuestamente de forma indebida. "Quizá tendría que ser devuelto" a afirmar Rivarés.

Eso sí, también admitió que si el Ayuntamiento da por buenos estos datos, también tendrá que reducir la cantidad que reclaman a la DGA por el proyecto. El Consistorio y el Ejecutivo aragonés pactaron pagar a medias los 128,7 millones de subvención, pero la DGA no abonó varias de sus aportaciones anuales, que acabó poniendo el Ayuntamiento. Por eso, desde la plaza del Pilar se reclaman al Pignatelli 39,5 millones de euros, aunque el Gobierno de Aragón solo admite 7,5. "Parece lógico que los 40 vayan a la baja", reconoció Rivarés, quien dijo que el Ayuntamiento aún no ha calculado en cuánto se podría quedar la reclamación.