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Zaragoza

El Ayuntamiento rechaza el plan estatal de vivienda porque favorece a las entidades financieras

Pablo Híjar se opone al límite de 600 euros para las ayudas al alquiler porque provocará un incremento de los precios.

Pablo Híjar, en una comparecencia junto al alcalde, Pedro Santisteve.
Pablo Híjar, en una comparecencia junto al alcalde, Pedro Santisteve.
Oliver Duch

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado cerca de 30 alegaciones al plan estatal de vivienda que acaba de aprobar el Gobierno central, dado que a su juicio se hace a la medida de las entidades financieras en detrimento del sector público. “Hay una falta de sensibilidad hacia los colectivos vulnerables”, ha dicho el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, que ha hecho públicas este lunes las propuestas del Consistorio.

El responsable municipal ha cuestionado tanto las ayudas a la compra como al alquiler. Respecto a la adquisición de inmuebles, Híjar ha explicado que solo se favorece la venta de una tipología de vivienda muy concreta, de difícil salida en el mercado y mayoritariamente en manos de la Sareb y las entidades financieras. La medida tendrá “poca” efectividad, según ha dicho, y confirma “la connivencia” del Gobierno con las entidades financieras.

Por otro lado, el edil ha rechazado que se establezca un límite de renta de alquiler de 600 euros para poder acceder a las ayudas. “El sistema es envenenado. En ciudades como esta en que los alquileres medios están por debajo de esas cantidades, el efecto que puede tener es una subida de los precios. Es una medida antisocial”, ha dicho Híjar, que ha reclamado que las ayudas se ajusten “porcentualmente a la situación socioeconómica de las unidades familiares”.

Para el concejal de Vivienda, algunos de los programas incluidos en el plan están enfocados a la iniciativa privada, en detrimento de los operadores públicos. “Lo lógico es que hubiera un apoyo a la promoción de entidades públicas, que tienen experiencia en gestión de vivienda pública y que disponemos de parques de vivienda importantes”, ha declarado.

También ha lamentado que la adhesión al fondo de vivienda social, creado para atender el problema de los desahucios, sea voluntaria. “Podemos aventurar que el alcance de la medida será muy limitado. Además, lo que se establece como cesión es un contrato de arrendamiento de dos años. Se le hace un favor a los propietarios, que son las entidades financieras y Sareb”, ha asegurado.

Híjar ha lamentado por último que el plan no incluya un programa específico de rehabilitación para colectivos vulnerables, así como de mecanismos que faciliten su financiación. “Le auguramos un feliz fracaso en cuanto a servir los intereses de la sociedad y le damos la enhorabuena al sector financiero porque se ha hecho un plan a su medida”.

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