La comisión de investigación sobre la actuación de ZEC en el polémico caso Ecociudad ha concluido con un varapalo al gobierno local. "Administración desleal", "abuso de poder", "proceso inquisitorial", "confabulación", "acoso laboral"... PP, PSOE, Ciudadanos y CHA censuraron la actuación del alcalde Pedro Santisteve y su gobierno en la gestión de las depuradoras de La Almozara y Casablanca, sin descartar que el siguiente paso sea la apertura de un proceso judicial dado que se apuntan posibles responsabilidades penales.

La comisión de investigación de la sociedad municipal Ecociudad (entidad responsable de la depuración de aguas) se reunió ayer para iniciar el debate de las conclusiones que presentaron los grupos. La mayoría se referían a la investigación interna abierta por ZEC, que acabó con la entrega al fiscal jefe por parte de Santisteve de un dosier que incluía un acta, la cual entendía que había sido falsificada para justificar la ausencia de unas mejoras en la planta, valoradas en 220.000 euros (en realidad, esas mejoras se sustituyeron por otras que se consideraron más convenientes).

El gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero (a quien ZEC ha querido destituir), y otros cuatro trabajadores fueron citados a declarar como investigados, aunque la denuncia acabó archivada al no haber indicios de delito. También se indagó en el retraso sufrido en la licitación de la gestión de las depuradoras de La Almozara y Casablanca, dado que existía interés en el gobierno en proceder a su municipalización.

"Proceso inquisitorial"

Todos los grupos de la oposición coincidieron en que el procedimiento de información reservada, que es como se conoce la investigación interna que impulsó ZEC, fue "un proceso inquisitorial desprovisto de las más mínimas garantías jurídicas" y en las que las personas afectadas, entre ellas el gerente de Ecociudad, no se pudieron defender, como recoge una conclusión presentada por el PP y que solo fue rechazada por ZEC.

Según una propuesta del PSOE, que acusó del "montaje" al alcalde y a los concejales Alberto Cubero y Teresa Artigas, esa investigación pretendía "construir un relato alejado de la realidad y que condujese a generar apariencia de delito". A iniciativa de los socialistas, se concluyó que "hubo un uso espurio de la figura jurídica de la información reservada" que puede calificarse de "desviación de poder" y que "perfectamente podría entrar en el ámbito de la responsabilidad penal".

Según sostuvo la oposición, gran parte de este proceso estaba vinculado a propiciar la destitución de Portero, con quien ZEC mantiene un duro enfrentamiento pese al respaldo del resto de grupos, "con argumentos falsos o tergiversados". El PP habló de "acoso laboral" y CHA reclamó "una disculpa pública".

Tanto los socialistas como Ciudadanos coincidieron en recordar el papel de la instructora de este procedimiento, la funcionaria María José Benito, que no quiso comparecer en la comisión y que ha sido cuestionada por los grupos. Esta trabajadora fue ascendida a jefa de departamento por el gobierno. "La elección de la persona instructora del expediente debería haber estado exenta de arbitrariedad", se acordó a propuesta de CHA.

Los grupos también reprocharon a ZEC que no informara al consejo de administración de Ecociudad de este procedimiento de información reservada. En este sentido, una de las conclusiones de C’s sostiene que el gobierno quiso "ocultar información y favorecer un proceso encaminado a obtener resultados mediante el uso de medios espurios".

Las conclusiones advierten de "la mala fe" del alcalde y de ZEC al no dar cuenta de un informe del jefe de departamento de Conservación de Infraestructuras, que sostiene que desde el punto de vista técnico "no cabe ningún reproche" a la actuación de los trabajadores de Ecociudad que aceptaron los cambios en las mejoras en las plantas depuradoras. A propuesta del PP se recordó que el contenido de este informe "se ocultó deliberadamente tanto al consejo de administración de Ecociudad como al fiscal".

La comisión indagó en "el retraso deliberado" sufrido en la licitación de los pliegos de la depuradora de La Almozara, que los grupos achacaron al intento de ZEC de municipalizar las plantas que hasta ahora gestionaba Drace. A propuesta del PP se acordó que estos hechos «podrían tener consecuencias económicas perjudiciales para la sociedad y por tanto incurrirían en presunta administración desleal».

A iniciativa del PSOE, se acordó que "de existir reclamación" por parte de la concesionaria "las responsabilidades patrimoniales" son "exclusivamente" del alcalde, de Artigas, del concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, y del gerente de esta Área, Miguel Ángel Abadía.

ZEC defiende su actuación

ZEC, que ni siquiera logró la complicidad de CHA, vio como decaían sus propuestas. Culpó al gobierno anterior del PSOE (en concreto al exalcalde Belloch y al socialista Pérez Anadón) del "deterioro" de las plantas. ZEC valoró que al no informarse al consejo de administración de los cambios en las mejoras se adoptó una decisión "ilegal" por parte del gerente de Ecociudad, a quien volvió a atacar en sus conclusiones. Defendió la actuación del gobierno, sobre todo el proceso de información reservada y la medida de acudir al fiscal al existir "hechos potencialmente constitutivos de delito". Y negó perjuicios por el retraso en la adjudicación de las depuradoras.