La exalcaldesa de La Muela volverá al banquillo por "prevaricación y usurpación"

María Victoria Pinilla, la exalcaldesa de La Muela condenada a 17 años de cárcel por 14 delitos vinculados con la corrupción urbanística, volverá a sentarse en el banquillo el próximo 21 de diciembre. Lo hará acusada de los delitos de prevaricación y usurpación por la presunta apropiación indebida por parte del Ayuntamiento –que ella encabezaba entonces– de casi 5 hectáreas en el Alto de La Muela Norte, zona en la que los propietarios de los terrenos tenían previsto construir una urbanización con más de 1.500 viviendas.

La fiscal acusa a Pinilla de un delito de prevaricación y otro de usurpación, por los que le solicita una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y 18 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros y las costes procesales. Por su parte, la acusación particular pide dos años de cárcel de estafa especial tanto para ella como para el presidente de la junta de compensación, Antonio Sanz Buil.

El Juzgado de Instrucción número 2 de La Almunia ha dictado la apertura de juicio oral y ha fijado que se celebre la vista el 21 de diciembre y 11 de enero en un Juzgado de lo Penal de Zaragoza.

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2010 cuando el Ayuntamiento de La Muela aprobó e impuso de manera unilateral a la Junta de Compensación que se apoderara "indebidamente" de un total de 45.628 metros cuadrados, que eran propiedad de los querellantes y los habían comprado en marzo de 1999. Según un informe pericial emitido por un experto a quien el juzgado lo pidió, dicha extensión habría alcanzado un valor en el mercado de 335.000 euros.

Aunque los querellantes pusieron en conocimiento del Ayuntamiento de La Muela y de la Junta de Compensación que habían invadido sus terrenos con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del sector I, la alcaldesa no hizo caso. El escrito del Ministerio Fiscal señala que María Victoria Pinilla fue conocedora de la "indebida apropiación" de las parcelas propiedad de los perjudicados y a pesar de esa situación, impuso a la junta la ejecución de las obras. Así aplicaron el PGOU y, además, la encausada "paralizó toda la negociación inicial que empezaron para reintegrar o compensar a los legítimos propietarios por la usurpación padecida".

Por eso, la fiscal describe que la entonces alcaldesa aprobó el PGOU "a sabiendas de la injusticia" que cometió, prevaliéndose de su condición de primera edil del Ayuntamiento de La Muela y no incluyó la ocupación de las fincas, al no reflejar las referencias catastrales y registrales de los legítimos propietarios, entre los que paradójicamente estaba un concejal de su propio partido. "De este modo, la encausada, no declaró lesiva para el interés público su resolución ni instó la anulación, ante la jurisdicción competente (contencioso administrativa) de su propio acuerdo o resolución administrativa", concluye la fiscal.