Urbanismo licitará de nuevo la 'operación baldosa' tras el revés del Tribunal de Contratos

Muñoz descarta recurrir y antepone la ejecución de las obras a que las adjudicatarias sean empresas de economía social.

El consejero municipal de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, en imagen de archivo.
Pablo Muñoz, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza.
Daniel Marcos

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, anunció ayer que modificará los pliegos de condiciones y licitará de nuevo la ‘operación baldosa’ de reparación del pavimento en los barrios tras el varapalo sufrido por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), que acaba de anular el concurso público convocado en abril por ZEC. Descartó recurrir y se mostró dispuesto dejar en un segundo plano que las contratistas sean empresas de economía social, el principal motivo del fiasco del proyecto.

Según acordó el Tacpa, tras un recurso de la Asociación de Constructores Contratistas de Obras al que se adhirió la Cámara de Zaragoza, el concurso convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza "restringía de forma indebida la competencia y los principios rectores de la contratación pública". El motivo es que se impedía a las constructoras competir por el contrato, al que solo se podrían presentar empresas de economía social. Según el Tacpa, la decisión del gobierno de ZEC vulnera la normativa europea.

Muñoz avanzó que no impugnará la decisión del Tribunal de Contratos. "Sería un perjuicio, porque haría inviable la operación", explicó el edil, en referencia al retraso que implicaría para la ‘operación baldosa’ recurrir a la vía judicial.

Defendió modificar los pliegos de condiciones del contrato y se mostró dispuesto "a salvar alguna parte" del proyecto para las empresas de economía social. No pudo aclarar cómo podría reservarse parte del proyecto para este tipo de empresas. "Estamos estudiando la resolución para ver si hay un margen", añadió. En cualquier caso, el responsable municipal dejó claro que lo más importante ahora es poder poner en marcha las obras en los barrios, que tenían un presupuesto de 4,5 millones de euros y que tras la decisión del Tacpa se retrasarán "unos meses".

Pablo Muñoz lamentó que "el marco jurídico esté hecho para las grandes empresas y no para un sector protegido del mercado". "Debería haber otra legislación. Dejan las migajas al sector social", explicó Muñoz. Agregó que la próxima semana se reunirá con las empresas de inserción y con los agentes sociales para analizar "estrategias" en materia de contratación pública.

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