El Consejo Consultivo de Aragón rechaza la ampliación del servicio Bizi que planea ZEC

El Consejo Consultivo de Aragón, el equivalente en la Comunidad al Consejo de Estado, acaba de emitir un informe desfavorable a la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas Bizi. Con su decisión, pone en jaque el plan del gobierno de ZEC de duplicar el número de ‘bizis’ y estaciones, porque según este organismo el proyecto supone "modificaciones de gran importancia que alteran las condiciones esenciales" del contrato. El dictamen cuestiona tanto la ampliación del plazo de concesión en 4 años (de 2023 a 2027) como los pagos que tendría que asumir el Consistorio.

Para el Consejo Consultivo, que depende de la DGA, ZEC propone cambiar "de forma muy importante" las condiciones que rigieron la licitación del contrato: el número de bicicletas y su modelo, las variaciones económicas, el plazo de duración o su equilibrio, dado que en su propuesta "el Ayuntamiento asume el pago directo al contratista de parte del coste de la ampliación y del déficit de explotación".

El informe, de carácter preceptivo, recuerda que ZEC quiere sumar 1.200 ‘bizis’ a las 1.300 existentes en la actualidad. Se incorporan además 120 estaciones a las 130 que tiene ahora el servicio. La propuesta, que se pondría en marcha en tres años, incluye además la ampliación del horario del servicio, la instalación de protectores en las estaciones o la habilitación de un teléfono de atención al cliente 976, entre otras mejoras. A cambio lograría un mayor plazo de concesión y una mayor superficie publicitaria para lograr más ingresos. La propuesta recibió un severo varapalo de la Intervención municipal.

El Consejo Consultivo destaca que la concesionaria, Clear Channel, presentó una memoria con el nuevo modelo de ‘bizi’ (además de incorporar 1.200 unidades propone renovar las 1.300 existentes). Indica también que los costes de la ampliación y su impacto en el contrato alcanza los 15,5 millones, lo que representa un 25,88% del precio total. Esta modificación, sumada a las que se produjeron en 2011 y 2012, implica cambios por 24,3 millones, un 40,33%.

Tras recordar que las modificaciones contractuales se regulan "con carácter restrictivo"por el "peligro" de vulnerar la libre concurrencia o suponer "favoritismo"con el contratista, el Consejo Consultivo analiza si hay interés público en la propuesta. Acepta que puede suponer una mejora en la movilidad, pero ve "más discutible" que concurra la exigencia legal de que existan "necesidades nuevas" o "causas imprevistas". Al final admite que cuando se firmó el contrato era difícil prever la evolución del tráfico y por tanto de la demanda del servicio.

Eso sí, advierte de que la renovación total de las bicicletas con un nuevo modelo, además de las 1.200 nuevas, supone un coste de 1,3 millones. "Se trata de una modificación contractual de especial importancia, porque el cambio de modelo de bicicleta no está contemplado en el contrato ni en los pliegos", dice el informe. Respecto al resto de las mejoras, las considera de "menor importancia", por lo sostiene que no repercuten en el contrato inicial.

El dictamen cita otros tres aspectos relevantes. En primer lugar, rechaza el pago de 404.713,74 euros que reclamó la contratista en concepto de cobertura del déficit del servicio (el Consistorio autorizó el pago para dar marcha atrás al día siguiente). "No resulta acreditado el derecho de Clear Channel (...) a ser resarcida del déficit de explotación", indica.

Pagos por 9,9 millones

Por otro lado, pone en duda los pagos que tiene que hacer el Ayuntamiento para financiar la ampliación, valorados en 9,9 millones de euros desde 2017 a 2027. "La estimación de esos pagos (...) no está suficientemente justificada", indica. El organismo afirma que si esos pagos están derivados de la modificación contractual, deberían quedar explicitados en el nuevo acuerdo.

También cuestiona la ampliación de la duración del contrato en cuatro años, porque al no contemplarse la reversión de las ‘bizis’ y estaciones "la ampliación del plazo del contrato pierde su finalidad de hacer posible la amortización de esos elementos". El informe recuerda una sentencia del Supremo que advierte de la vulneración del principio de libre concurrencia que suponen este tipo de soluciones.