Más de 30 años de la 'operación rescate' de los archivos municipales

Cuando empezamos a ordenar y conservar los archivos de la provincia, en 1983, el panorama era desolador. Casi todos estaban totalmente abandonados, con unas condiciones de conservación deplorables". En algún caso, incluso, hubo que retirar escombros para rescatar los papeles. Blanca Ferrer, jefa del servicio de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, asegura que "era habitual dejar la documentación en la sede antigua cuando un Ayuntamiento se trasladaba a un nuevo edificio". Tanto es así que "se llegaba a perder la noción de que los papeles estaban ahí", soportando en muchos casos problemas de humedad y goteras, palomas, ratones, arañas y suciedad.

"En muchas localidades, los archivos eran los espacios menos habitables: sótanos, buhardillas, locales situados fuera de la casa consistorial… Eso era perjudicial tanto para la conservación de los documentos como para acceder a ellos y devolverlos una vez utilizados". Ferrer recuerda que en los años 80, el Ministerio de Cultura "impulsó una macroencuesta para obtener información de todos los archivos españoles". Fue el germen de la ‘operación rescate’, que comenzó con aquellas actuaciones de urgencia necesarias para salvar los documentos que directamente corrían serio peligro de desaparecer.

El siguiente paso consistió en organizar los expedientes, para poder localizar de forma rápida y cómoda padrones, libros de registro, correspondencia... De esta manera, en estas más de tres décadas la DPZ ha trabajado no solo en los fondos municipales, sino también notariales, de hermandades sindicales y de cámaras agrarias. Así, se han ordenado los registros de 214 municipios y se han inventariado más de un 1.100.000 de papeles conservados en más de 100.000 unidades de instalación, normalmente cajas. Desde 1992, la institución provincial ha distribuido subvenciones por 1,3 millones de euros para acondicionar y equipar estas dependencias.

La organización de los fondos

La jefa de servicio explica que, los primeros años, trabajaron de forma paralela y coordinada con el Gobierno de Aragón, que destinó también varios equipos de profesionales para la organización de los fondos. José Francisco Egea, de 58 años, es archivero municipal itinerante y trabaja en la unidad desde que se puso en marcha. Empezó con 25 años y acumula miles de kilómetros recorridos por toda la provincia, donde se ha encontrado con dependencias de todo tipo.

Un caso extremo fue el de un archivo, en el que "se había hundido el techo y había mucha documentación antigua, alguna datada incluso en el siglo XVI, bajo trozos de ladrillos y restos de animales muertos". Una situación con la que se toparon de forma habitual tanto él como otros compañeros –Carmen Vinyas y Francisco Zaragoza– era la acumulación de "montañas de papeles".

"Hay que tener en cuenta que la documentación sigue teniendo valor jurídico". De hecho, tal y como menciona Egea, en Borja llegaron a localizar un pergamino de 1313 que "se presentó como prueba en un juicio por un conflicto de riegos". En Belchite, por ejemplo, se guardó la documentación en unas carboneras durante la guerra y "se pudieron salvar papeles importantes, como protocolos notariales".

Aunque todavía queda mucho por hacer, la mayoría de municipios disponen de un servicio de archivo con unas condiciones adecuadas para la correcta conservación de sus fondos. Los documentos son organizados siguiendo la normativa vigente, con criterios de clasificación homogéneos y unas descripciones a diferentes niveles que los hacen accesibles. Porque, al fin y al cabo, "un sitio donde no puedes encontrar los documentos –destaca Blanca Ferrer– no es más que un almacén de papel".