El negocio de los talleres clandestinos surgido al calor de la crisis económica ha supuesto un duro golpe para el sector de reparación de vehículos. Desde 2008 y solo en la provincia de Zaragoza han tenido que cerrar 124 talleres legales, lo que equivale a la pérdida de unos 3.000 empleos, entre directos e indirectos. En 2013, el número de negocios pirata aumentó un 300% –según datos de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez)–, lo que supone el 30% de los talleres que existen en la provincia. Anualmente, Hacienda deja de ingresar unos 200 millones de euros por actividades no declararadas.

A pesar de que en el último año se ha notado un repunte del sector, el trabajo opaco que continúan haciendo los negocios ilícitos supone un lastre para los que abren la persiana con todas las garantías y también para el usuario y sus empleados. Desde Atarvez, asociación que preside Armando José Royo, se pusieron como reto perseguir esta actividad clandestina y afirman con orgullo que los resultados de 2016 han sido bastante buenos. "Sobre todo –señala Royo– en comparación con el resto de España, ya que es un problema nacional".

Colaboración policial

Doce negocios clausurados, 277 inspecciones, 141 denuncias, 35 regulaciones... Son algunas de las cifras de la provincia de Zaragoza, fruto del trabajo de la Guardia Civil y Policía Nacional, así como de la labor de los inspectores de Industria y Trabajo del Gobierno de Aragón. La Policía Local, por su parte, interpuso 87 denuncias en la capital aragonesa y llevó a cabo 10 de las 12 clausuras.

La explicación a estas cifras está en que Atarvez logró involucrar a las administraciones y Fuerzas de Seguridad del Estado en la persecución de los ilegales. Consiguió que la Delegación del Gobierno en Aragón creara una mesa de trabajo con los cuerpos policiales mencionados, así como con Industria y Consumo e Inspección de Trabajo. "Es un problema por la competencia desleal que supone, pero también porque afecta a la seguridad vial y, por lo tanto, a la de las familias y profesionales que circulan en vehículos mal reparados, mal mantenidos y con materiales sin garantías y de dudosa calidad", expone Armando José Royo.

"Un taller ilegal –añade– no está dado de alta en nada, ni en industria, ni en Hacienda, ni en Trabajo. No tiene dados de alta a los trabajadores, no hacen factura y por tanto sus reparaciones no tienen garantía, no gestionan los residuos (el aceite, gasolina, disolventes van al campo o a la alcantarilla)". Sus dueños no tienen ningún rubor en anunciarse por internet o colocan números de teléfonos en la calle. "Con la legislación que tenemos, un taller ilegal no es delito, por lo que la única manera de actuar contra ellos son las inspecciones, las denuncias y las multas", dice el presidente de Atarvez. No obstante, reconoce que es difícil que paguen.

Sube la venta de recambios

Uno de los datos que a Atarvez le llamó la atención y trasladó a la administración es que durante el mismo periodo en el que habían cerrado 124 talleres (un 33% del total), la venta de repuestos se había incrementado en un 20%. "Se lo hemos comunicado a Hacienda pero no hemos conseguido que se involucre; y eso que estamos hablando de una pérdida anual de 200 millones solo en la provincia de Zaragoza", manifiesta.

Por eso, el caballo de batalla de la asociación para 2017 será combatir la venta de piezas a los talleres piratas. "Queremos tener una reunión con Unespa (unión de compañias aseguradoras), porque están pagando facturas a talleres ilegales. Queremos intentar que en la factura de la venta de repuestos se exija el número de registro industrial", anuncia el responsable de la asociación.

"Tenenos colaboradores en la asociación de peritos que nos avisan de los vehículos que se reparan en talleres clandestinos, pero a los que les venden las piezas les da igual, a pesar de que el arreglo no tiene garantía", Recuerda Armando José Royo.

Admite que conseguir algo de las grandes aseguradoras no es fácil desde un sector formado mayoritariamente por medianos y pequeños empresarios. Pero es otro de sus objetivos, pues es la manera de garantizar una correcta reparación y, al mismo tiempo, unos honorarios justos y acordes al trabajo realizado.

Otro reto para 2017 es unificar los criterios de actuación de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional. "Es preciso que todos hagan lo mismo y actúen con las mismas pautas. Así el resultado será mucho mejor y redundará en la mejora de la seguridad vial, objetivo en el que estamos directamente implicados".