1. ¿ERA VIABLE HACER UN TRANVÍA? El informe refleja que en 1992 un estudio advertía de que los costes de implantación de una red completa de tranvías hacían el modelo "inviable". Otro documento, en 2001, consideraba "operativo" este sistema de transporte de alta capacidad, pero reconocía la "desproporción entre el interés social y el económico".

2. EL DESCONTROL DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. El Ayuntamiento y la DGA contrataron hasta diez estudios, informes y asistencias técnicas para poder lanzar el proyecto, que sumaron un coste de 4,2 millones. En algunos casos sufrieron sobrecostes, y el informe del Tribunal habla de "incidencias e irregularidades" en algunos de ellos. Además, refleja cómo se encargaron de forma solapada, y critica que los resultados de algunos documentos no se pusieron a disposición de las empresas que iban a elaborar otros estudios sobre asuntos relacionados.

3. La elección del socio privado. Se constituyó una sociedad de economía mixta (SEM) con 20% de participación municipal y 80% de socios privados. Para elegir a estos últimos, se redactó un pliego que "adolecía de carencias e indefiniciones", y el sistema de valoraciones "ofrecía margen de apreciación de las ofertas al ser algunos de ellos genéricos y poco precisos", lo que resultó "contrario a los principios de igualdad, objetividad y transparencia que rigen la contratación pública".

4. LA SUBCONTRATACIÓN. La SEM podía "subcontratar sin límite" con otras empresas para ejecutar los trabajos, algo que según el Tribunal "no se ajusta" a la ley. Los grandes contratos se firmaron con las propias empresas que, a su vez, formaban parte de la SEM.

5. LAS MEJORAS OFRECIDAS. La oferta presentada por este grupo de empresas presentaba una serie de mejoras con respecto al proyecto, "sin que se detallara el alcance de las mismas ni los extremos en que diferían de este", según dice el Tribunal. Además, el presupuesto ofrecido fue superior en 227.635 euros al precio máximo de licitación, algo que el pliego no admitía.

6. sin control municipal. Es una de las grandes claves del informe. Durante las obras, la SEM emitía "relaciones valoradas de las unidades de obra ejecutadas" para dar cuenta al Ayuntamiento del estado de los trabajos. No suponían certificaciones, "excluyéndose un instrumento relevante para el seguimiento de la ejecución de las obras y el control de su adecuación al proyecto aprobado". Los cambios con respecto a ese proyecto "no se han acreditado ni justificado", y tampoco "se ha delimitado su alcance, ni valorado su repercusión económica", por lo que "no se ha constatado que no representen modificaciones del proyecto", que hubiera requerido de aprobación municipal.

7. UN BONUS PAGADO INDEBIDAMENTE. La SEM cobraba unos bonus si terminaba la obra en plazo. Sin embargo, uno de los hitos (el número 6) se certificó con retraso y, pese a ello, se cobró el cien por cien de la subvención. "No procedía percibir el máximo de la bonificación", dice el Tribunal. En sus alegaciones, el Ayuntamiento dice que, con este criterio, se habrían pagado 170.338 euros de más.

8. REVISIÓN DE PRECIOS MAL CALCULADA. El Tribunal considera que la fórmula aplicada para la revisión de precios (que actualiza el pago que el Ayuntamiento hace a la SEM por cada usuario que sube al tranvía) es contraria a la ley. Y cifra en 214.819 euros lo que ha supuesto de más para el Ayuntamiento.

9. FALTA DE AUDITORÍAS ANUALES. El contrato exige que la SEM haga auditorías anuales de ingresos de demanda. El Tribunal considera que lo que se ha presentado "no pueden considerarse como documentos sustitutivos de las auditorías exigibles".

10. la deuda de la dga. En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas refleja que "debería regularizarse por el Gobierno de Aragón la situación de los pagos pendientes derivados comprometidas con el Ayuntamiento".